Gobierno de Correa profundizará plan de estatizaciones
El Gobierno consolida la figura ‘estatal’ en los
sectores estratégicos del país. Hasta el 12 de septiembre próximo el
Ministerio de Petróleos debe entregar un informe a la Presidencia sobre todos
los contratos en el área petrolera. El objetivo: “Identificar,
principalmente, aquellos que son lesivos para el Estado”.
Así lo
solicita el ministro de los Sectores Estratégicos, Galo Borja, en una
misiva enviada al titular de Petróleos, Germánico Pinto.
En la carta del
12 de agosto pasado, Borja dice que el pedido se efectúa porque el Jefe de
Estado “ha planteado el Compromiso Presidencial: Análisis para Nacionalización
de Transnacionales”.
Tras ser consultado sobre el alcance de este
compromiso, Borja indicó ayer, por teléfono, que: “No nos estamos yendo
contra nadie. Queremos tener la certeza de que todo lo que se ha hecho antes se
ha hecho con legitimidad”.
Señaló que la información se requiere dentro
del proceso de negociación de contratos que se efectúa con las petroleras
privadas y que se iniciará en octubre.
“Estamos revisando absolutamente
todo, estamos haciendo una reestructuración de los sectores estratégicos. En los
mismos términos envié cartas a otros ministros para que analicen la
legitimidad de todos los contratos”.
Si se encuentra que algo no se ha hecho bien, dijo que se pedirá a los
organismos de control que investiguen y, si fuera el caso, inicien un
proceso de reversión.
Pero el Presidente pide fechas. El informe sobre
los contratos debe tener datos de su situación, recomendaciones y “un cronograma
de actividades claves” para “reinvindicar los derechos del Estado ecuatoriano”,
dice la misiva.
En los últimos dos años y nueve meses, la presencia
del Estado ha crecido en el sector petrolero. Sus estatales Petroecuador y
Petroamazonas han asumido la operación de campos que las privadas acordaron
ceder.
Petroecuador asumió el bloque 27, luego de que fracasó la
negociación con City Oriente. Petroamazonas asumió el bloque 31, tras un acuerdo
con su anterior operadora, Petrobras.
Pero el país también ha
reforzado lazos con socios estatales de otros países. Pero analistas
consultados señalan que estas alianzas buscan objetivos políticos más
que aportes técnico o financiero.
Ecuador ha adjudicado de manera
directa y sin concurso sus principales proyectos energéticos con la aspiración
de lograr recursos, pero en algunos casos estos dineros no se verán.
En
este grupo está la argentina Enarsa, que tiene 30% de acciones en el
proyecto Coca-Codo. Se trata del proyecto de generación eléctrica más grande del
país; por sí solo, abastecerá al 75% del territorio
nacional. Pero Enarsa no pondrá capital, sino una garantía para conseguir
un crédito con el banco estatal chino Ex-Im Bank.
“Una alianza es
interesante con países o firmas que aporten con tecnología o financiamiento,
pero no se puede firmar una alianza donde el financiamiento lo van a
conseguir los dos socios que no tienen plata”, dice el analista energético
Edmundo Brown.
Algo similar sucede con la refinería del Pacífico. Allí
los socios, Petroecuador y la venezolana Pdvsa, buscarán crédito para financiar
el 70% del proyecto.
El consultor Héctor Paz y Miño señala que
antes de pensar en una alianza se debe contestar la pregunta: ¿Las alianzas
han sido diseñadas en torno a un objetivo concreto, de acuerdo con
estudios, planes de desarrollo y presupuestos definidos?
Luego se debiera
evaluar si el socio reúne las condiciones técnicas y económicas, indica. Paz y
Miño duda que Pdvsa, que participa en un 30% en el desarrollo del campo
Sacha, tenga la capacidad técnica y financiera. Con 49 780
barriles diarios, Sacha es el área petrolera estatal más importante del
país.
Requiere de USD 621 millones de inversión para subir su
producción a 70 000 barriles diarios de crudo, pero Pdvsa pondrá solo USD
186,3 millones de lo requerido. Petroecuador debe buscar el resto. “Si
Pdvsa para sus propios campos tiene serios problemas, difícilmente
podrá aportar valor agregado para el país”, comenta.
Para el ex
asambleísta León Roldós, Pdvsa no está arriesgando en este campo, ya que el
área cuenta con reservas probadas. “Es un tema político más que técnico