Por ahora no vamos a
dar declaraciones y no tenemos definido cuándo lo haremos", fue la respuesta del
gerente de Relaciones Institucionales de Doe Run Perú (DRP), Víctor Andrés
Belaunde, cuando nos comunicamos telefónicamente con él el 14 de mayo. Una
semana después renunció al cargo.
El detonante de esta
decisión fue el anuncio hecho por Hans Flury, presidente de la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), de que se evalúa la posibilidad de
retirar a DRP del gremio empresarial. "Es una posibilidad que sea retirada; otra
posibilidad es que la empresa pague sus deudas. También podrían ser
suspendidos", dijo Flury el martes 19.
Ese mismo día, la
SNMPE expresó públicamente su preocupación por la situación de Doe Run Perú y
calificó como un comportamiento inaceptable que la empresa no esté demostrando
voluntad de dar cabal cumplimiento a los compromisos asumidos para el rescate
financiero del Complejo Metalúrgico de La Oroya, la principal actividad
productiva de la zona, poniendo en grave riesgo el empleo de sus trabajadores y
el oportuno cumplimiento de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA).
"Lamentamos que todo
el esfuerzo realizado y la buena disposición mostrada por el Estado y las
empresas relacionadas a las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, se
vea frustrado porque Doe Run Perú no muestra una firme vocación y decisión de
solucionar un problema que afectará el desarrollo de dicha empresa, el bienestar
de sus trabajadores y de la población aledaña a su operaciones", decía el
comunicado del gremio minero.
Hans Flury precisó a
AméricaEconomía que el proceso que puede conducir en la expulsión de Doe Run
Perú de la SNMPE tomará el tiempo que sea necesario. "No podemos sancionar a
nadie por algo que podría ocurrir. Ellos tienen un compromiso que cumplir
todavía hasta octubre próximo y dicen tener toda la intención de actuar de
acuerdo a ello. En consecuencia, hasta que no ocurra el hecho final de la
violación del compromiso, nosotros seguiremos conversando con ellos insistiendo
en que deben cumplir", dice Flury.
El viernes 22 de
mayo, la SNMPE celebró con relativa austeridad su 113 aniversario. A la
ceremonia acudió un nervioso José Mogrovejo, vicepresidente corporativo de
asuntos ambientales de Doe Run Perú, y rompió el silencio de la compañía. "Hemos
planteado a la SNMPE nuestra voluntad decidida de cumplir con su código de
conducta y con los compromisos en general", dijo.
Mogrovejo dice que
DRP no está siendo sometida a un procedimiento que podría llevar a su salida de
la SNMPE. "No se nos ha dicho de esa manera. Es cierto que hemos recibido una
comunicación y hemos respondido a ella".
Según Mogrovejo, el
PAMA consta de cuatro elementos: los manejos de residuos sólidos, residuos
líquidos, polvos y metales al aire y de gases. "En los dos primeros se ha
concluido al 100%; en el manejo de polvos en 98% y lo único que falta concluir
es el manejo de gases, que va en 50%", dijo. "Así, el PAMA está avanzado entre
80% y 90%", dice.
¿Qué falta para
concluir el PAMA? Según Doe Run Perú, una inversión de US$ 150 millones que la
compañía no está en condiciones de efectuar en el corto plazo, de manera que el
plazo tope del 31 de octubre resulta muy corto. Se requiere terminar una planta
de dióxido de azufre de la unidad de cobre de la empresa, la misma que hasta
febrero sólo se había avanzado en un 20%. Y en octubre no habrá milagros:
terminar la planta tomaría hasta bien entrado el próximo año.
DRP dejó de invertir
en su PAMA en octubre de 2008. Cuatro meses después, un sindicato de bancos le
levantó un crédito revolvente de US$ 75 millones, lo que hizo estallar la crisis
de la empresa, que actualmente opera al 30% de su capacidad. Con menores
ingresos operativos, no puede afrontar, además de la deuda con su matriz, los
más de US$ 100 millones que le debe a las mineras que abastecen la fundición.
Por ello le fue necesario llegar a un acuerdo con el Gobierno y los acreedores
locales, entre las que se encuentran Sociedad Minera El Brocal, Compañía de
Minas Buenaventura, Cormin, Glencore y Volcan. En virtud del convenio, la
compañía logró el aval de un préstamo bancario de US$ 75 millones.
Estos créditos
permitirían a DRP seguir operando, pero no son recursos para financiar el PAMA.
Para esto último, la compañía requiere de préstamos bancarios que por ahora
están cerrados, debido a que el plazo vence en octubre. "La percepción de
algunas entidades financieras es que hay una rigidez que para ellos iba más allá
de lo aceptable. Entonces, creo que si logramos vencer esa parte vamos a poder
lograr una solución integral", dice Mogrovejo.
Para concretar el
rescate financiero se establecieron dos condiciones: que Doe Run capitalice una
deuda por US$ 156 millones con su matriz Doe Run Resources y que ponga el 100%
de sus acciones a disposición del Estado como garantía de cumplimiento del PAMA.
Pues bien, hasta el momento estas condiciones no son cumplidas.
Al respecto, el
investigador y especialista minero de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Jorge Manco Zaconetti, opina que nadie da alegremente en prenda la
totalidad de sus acciones, por muy mala que fuera la situación en que se
encuentre.
Según Manco, la
madre del cordero en toda esta situación se encuentra en el errado diseño de la
privatización de Centromín Perú, empresa que a decir del analista fue
canibalizada al fragmentar sus operaciones mineras separándolas de la fundición
de La Oroya. "Si la empresa hubiera sido transferida al sector privado de manera
integrada, no tendría los problemas financieros que hoy tiene", dice. "Con el
boom minero de los años anteriores, las ganancias en las operaciones mineras
hubieran servido ampliamente para terminar con el PAMA mucho antes que el tiempo
propuesto".
En ese sentido, el
investigador sostiene que el Estado debe asumir su responsabilidad y permitirle
a Doe Run una ampliación del plazo para concretar su PAMA. "Un año sería el
tiempo ideal", dice. Manco recordó además que cuando se realizó la
privatización, el tema medioambiental fue subestimado al plantearse en ese
entonces una inversión de US$ 196 millones, monto que ha sido largamente
superado por los hasta ahora US$ 300 millones invertidos por DRP en este
tema.
En el otro extremo
se encuentra el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso,
Rolando Reátegui, quien sostiene que el Poder Ejecutivo debe quitarle la
concesión a DRP y plantear una solución al problema. "ProInversión debería
encargarse de encontrar la forma de convocar a una nueva licitación o los
acreedores mineros locales podrían tomar el control de la compañía, pero algo se
debe hacer", dice Reátegui.
Hans Flury, de la
SNMPE, discrepa de la postura del parlamentario. "¿De dónde sacamos al
inversionista que tenga la varita mágica y cumpla con este compromiso en un
plazo acelerado en forma inmediata y en una forma que nos guste a todos? Aquí
hay plazos que cumplir y estamos insistiendo que los cumplan", dice.
El magnate.
En lo que coinciden los analistas es que la solución no pasa porque
Indecopi declare la quiebra de DRP, porque quien saldría beneficiada sería la
propia matriz de Doe Run, que es su principal acreedora.
Quien dirige Doe Run
Resources es el magnate estadounidense Ira Rennert, quien con una fortuna
calculada en US$ 3.500 millones fue creciendo desde los años 60 en forma dudosa.
Luego de graduarse en el Brooklyn College y de realizar un MBA en la Universidad
de Nueva York en 1956, Rennert fundó una sociedad de valores en 1960. Pocos años
después, en 1964, el National Association of Securities Dealers (NASD) le retiró
la licencia cuando se descubrió que su firma de corretaje operaba con fondos
insuficientes por segunda vez. Por aquellos años se le acusó de haber emitido
bonos dudosos sustentados en las compañías metalúrgicas que había adquirido,
deteniendo los pagos de intereses a los tenedores de los bonos. Las empresas
quebraron y después el ingenioso inversionista adquirió los activos por centavos
de dólar. Pero más dividendos le rindió la compra de AM General, el fabricante
del transporte de tropas Humvee y Hummer, por US$ 133 millones. Posteriormente,
Rennert vendió el 70% de esa compañía a US$ 930 millones. Negocio
redondo.
Hace algunos años,
el cineasta Michael Moore eligió en su programa La Dura Verdad a Ira Rennert
como "El hombre del año", irónico reconocimiento por ser considerado el mayor
contaminador del medio ambiente en Estados Unidos. En ese país, Rennert es
cuestionado por las operaciones de Doe Run de San Louis, Missouri, también una
fundición polimetálica como La Oroya, donde se procesan plomo, zinc, cobre, oro
y plata. En Herculaneum, Missouri, Doe Run fue obligada a comprar y demoler más
de 100 casas que estaban contaminadas, en tanto aún existen decenas de demandas
pendientes que terminarían en millonarias multas por daños y
perjuicios.
Pero lo que pocos
saben es que la fundición de La Oroya genera casi cuatro veces más ingresos que
su matriz norteamericana y emite 31 veces más plomo al aire. El resultado: más
de 99% de los 12.000 niños de la ciudad de La Oroya tienen la sangre envenenada
con plomo. Chernobyl, en Ucrania; Dzerzhinsk, en Rusia; Haina, en República
Dominicana; Kabwe, en Zambia, y La Oroya, en Perú. En ese orden, éstas son las
cinco ciudades más contaminadas del mundo según un ranking del Instituto
Blacksmith, un grupo ecologista con sede en Nueva York. Vaya lugar que le toca
ocupar a La Oroya.
No obstante, quien
visita el sitio web de DRP (www.doerun.com.pe) encuentra otra historia. "Descargas
limpias, aire más limpio y emisiones reducidas. Los proyectos completados desde
1997 han permitido una mejora radical en las condiciones ambientales en La Oroya
y más están en camino", dice la empresa.
"Rennert no quiere
apostar por el Perú, sino que busca chantajear al Estado peruano. No tiene la
menor voluntad de resolver el problema", dice el congresista Rolando
Reátegui.
¿En qué terminará
esta historia? La respuesta está en manos del Gobierno: si le concede a DRP una
ampliación del plazo para terminar de ejecutar su PAMA, los bancos podrían estar
menos renuentes a prestarle a la compañía. Cabe indicar que esta salida cuenta
con voces favorables al interior del Ejecutivo, incluyendo el propio ministro de
Energía y Minas, y de personajes influyentes como el congresista Jorge del
Castillo. Por otro lado, queda la posibilidad de retirarle la concesión a Doe
Run y convocar a un nuevo concurso público. En el interín la administración
podría ser asumida por los acreedores locales y los trabajadores. No obstante,
esta es la menos probable, aunque no descartada del todo. Mientras la
incertidumbre campea en La Oroya, cuya población es dependiente económicamente
de la empresa y a la vez es una de las ciudades más contaminadas del mundo.
(AméricaEconomía).
miCuenta 
