La fiscalía chilena
se pronunciará próximamente sobre la extradición a Perú del ex presidente de
este país, Alberto Fujimori, reclamado por acusaciones de corrupción masiva y
crímenes de lesa humanidad. El hombre que gobernó en Perú desde 1990 hasta 2000
tiene ahora 68 años, presenta un aspecto saludable, juega al golf en las
estribaciones de la cordillera de Santiago y devora cebiche y mariscos en los
restaurantes caros de la capital de Chile.
Fujimori no parece
angustiado. El proceso de extradición sufrió "un retroceso" desde que Alan
García asumió la presidencia de Perú, en julio de 2006, según denunció Gisela
Ortiz, portavoz de una asociación de víctimas. Algunos analistas atribuyen el
supuesto "desinterés" de García a que necesita el apoyo político de los cargos
electos leales a la disciplina de Fujimori.
El reo, prófugo de
la justicia peruana desde su huida en el año 2000 a Japón, aguarda la decisión
de la fiscal chilena Mónica Maldonado, que habrá de ser tenida en cuenta por la
Corte Suprema de Chile para la sentencia definitiva sobre la extradición. El ex
gobernante llegó inesperadamente a Chile el 6 de noviembre de 2005, en un avión
privado, con la descarada intención de participar en las elecciones generales
peruanas del año 2006, ganadas por Alan García. El hombre conocido por el
apelativo de El Chino, procedía de Tokio, cuyo Gobierno le amparó contra la
persecución judicial peruana mediante la concesión de la nacionalidad
nipona.
"Espero que Chile
actúe de acuerdo con la ley y envíe el fuerte mensaje a la comunidad
internacional de que la corrupción y las violaciones de los derechos humanos no
son tolerables", pidió Alejandro Toledo, que presidió Perú entre 2001 y
2006.
Fujimori, ingeniero
agrónomo, gobernó en Perú con una presidencia golpista desde el año 1992; una
liberalización económicamente prometedora, pero plagada de corrupción; y unos
cuerpos de seguridad con licencia para matar. En suma: con ausencia del Estado
de derecho en una sociedad afectada por la débil adscripción a los principios de
la democracia. Los escuadrones de la muerte mataron a muchas personas, pero
algunos asesinatos fueron especialmente escandalosos: 15 personas murieron
acribilladas en 1991, en el barrio limeño de Barrios Altos, y un profesor y 10
estudiantes de la Universidad de la Cantuta, al año siguiente. Todos, acusados
falsamente de ser terroristas de Sendero Luminoso.
En su momento, el
fiscal Anticorrupción de Perú, Carlos Briceño, pidió a Chile que procediera a la
detención de Fujimori para evitar una nueva fuga durante los trámites de la
extradición. El ex presidente peruano permaneció detenido seis meses en
Santiago, pero fue puesto en libertad a la espera de sentencia. El largo proceso
contra el advenedizo que derrotó al escritor Mario Vargas Llosa en la segunda
vuelta de las elecciones generales de 1990 -gracias al apoyo a Fujimori del APRA
(Alianza Popular Revolucionaria Americana), a la que pertenece el actual
presidente, Alan García- es atentamente seguido por tres países: Chile y Perú,
cuyas disputas territoriales les llevaron a la guerra en el siglo XIX; y Japón,
nada interesado en la entrega del ex mandatario a Perú, donde su figura cuenta
con un número de adeptos nada desdeñable.
La justicia peruana
prometió respetar el fallo chileno. Pero dado el simbolismo del caso
Fujimori, la decisión "creará olas, no importa cuál sea la que tome La
Moneda" (sede del Gobierno chileno), señaló el analista peruano Mirko
Lauer.
"No sabía
nada"
Alberto Fujimori afirmó ante un
juez que "no sabía nada" sobre las barbaridades cometidas por el Ejército y sus
escuadrones de la muerte. El que fuera su jefe de las Fuerzas Armadas,
Nicolás Hermoza, testificó, sin embargo, que Fujimori estuvo al tanto de la
guerra sucia de los matones policiales o castrenses.
Si el ex gobernante fuera
extraditado, se toparía en prisión con su principal cómplice: Vladimiro
Montesinos, ex jefe del Servicio de Inteligencia y del grupo paramilitar Colina,
y ejecutor, con el general Hermoza, del golpe del 5 de abril de 1992. Ese
cuartelazo disolvió los poderes ejecutivo y judicial de Perú para sustituirlos
por una forma institucional a la medida de la autocracia en
construcción.
La prioridad del tridente al mando
fue acabar con Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, detenido en 1992.
Para ello, Fujimori ignoró todo límite y autorizó una política de aniquilación
del sospechoso: la tortura, el asesinato, la ejecución sumaria y el
encarcelamiento masivo -siempre según los cargos que pesan sobre él- con juicios
presididos por magistrados que ocultaban su identidad: los denominados jueces
sin rostro. Más de 5.000 personas fueron condenadas a severas penas en vistas
sin garantías procesales.