Callao: 13 meses de prisión preventiva a dos venezolanos por tenencia ilegal de armas
· Dos hombres de nacionalidad venezolana fueron intervenidos por la
PNP y en su poder se halló un arma de fuego, quince municiones y una mira
telescópica.
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao a cargo
del magistrado Luis Miguel Torres Bonifacio dictó trece meses de prisión
preventiva contra Sandres Alejandro Martínez Acosta (21) y Luis Alberto Peña
Castillo (30), ambos de nacionalidad venezolana, por ser presuntos co-autores
del delito de tenencia ilegal de armas, cacerina, accesorio y municiones en
agravio del Estado Peruano.
Ambos no sustentaron las razones por las que portaban armas de fuego y se
presume que habrían participado de un delito más grave de sicariato, por lo que
es importante ampliar la investigación.
¿Qué pasó?
El 7 de abril pasado, en horas de la noche, efectivos policiales de la Unidad
de Emergencia (UNEME-CALLAO), realizaban patrullaje policial por la av. Elmer
Faucett, cuando observaron un vehículo en actitud sospechosa. Se acercaron a la
unidad móvil Nissan color verde, a la altura del centro comercial Talma, donde
se encontraban dos hombres de nacionalidad extranjera (venezolanos).
Los efectivos policiales pidieron a Sandres Martínez Acosta y Luis Alberto
Peña Castillo a descender del vehículo y al realizar el registro vehicular se le
encontró a Luis Alberto Peña Castillo, un arma de fuego marca Glock 25 calibre
380 n.° de serie KRY -788 con una cacerina abastecida con 15 municiones y a
Sandres Alejandro Martínez (21) se le halló en el bolsillo derecho un teléfono
celular.
Se les preguntó las razones por las que portaban armas sin dar una respuesta
creíble.
De inmediato se procedió a dar cuenta a la línea 105 para el traslado de
ambas personas.
El Ministerio Público postula que la investigación es compleja porque se
requiere diversas diligencias en otros distritos judiciales y en el extranjero.
Se postula la presunción de que ambos habrían participado de un delito más grave
de sicariato.
Los investigados serán puestos a disposición del INPE, institución que
determinará el establecimiento penitenciario donde serán internados mientras
dure el proceso judicial.