El puerto de Chancay de la naviera china Cosco, a escasos ocho meses de su
inauguración (I Etapa) durante la APEC, que contará con la presencia del II Gran
Timonel Xi Jinping, viene soportando una verdadera marejada de críticas, porque
ha saltado a la opinión pública el monopolio que mantendría en los servicios
portuarios: estiba (carga y descarga), remolque de las naves, practicaje (guía
de los barcos), amarre de buques, aprovisionamiento de combustibles y de
alimentos, recojo de residuos, señalización portuaria, dragado, etc.
Es así, que se desinflaron las expectativas de quiénes esperaban participar
en la dinámica comercial de este megapuerto; porque si bien se trata de una
inversión final que bordearía los US$ 4.000 millones, a la par nace el fantasma
del “enclave” -tal como existió en el puerto Victoria de Hong Kong en el siglo
XIX- donde los principales operadores de la cadena portuaria eran empresas del
mismo estado del operador, situación distinta a la que existe en las concesiones
privadas de otros puertos, donde reina la libre competencia: Matarani, Bayóvar,
Callao (Callao Sur-DP World y Callao Norte-APM).
Todo el desmadre se inició durante el gobierno del presidente “filochino”
Francisco Sagasti -que adquirió 38 millones de vacunas chinas Sinopharm a US$
72.5 cada dosis (US$ 2.755 millones) vs. US$ 13 de Pfizer (El Comercio 12//1/21
y 13/1/21)- que nombró como ministro de Transporte a Eduardo Gonzales, hombre de
confianza de otro amante del chifa, Martín Vizcarra; con ese marco, la Autoridad
Portuaria Nacional (APN) irregularmente otorgó “a Cosco la exclusividad de los
servicios portuarios” (artículo 2 de la Res. No. 08-11/2/21). Pero, la primera
ola que se acercó a las costas de Chancay provino del Estudio Olaechea, que se
abocó al caso por “la denuncia de una persona natural” según precisa el ministro
de Transporte Raúl Pérez Reyes (según el bufete: “la preocupación de la
Asociación Nacional de Prácticos”); que interpretó “que la ley del Sistema
Portuario Nacional (LSPN) no permite que se presten servicios portuarios en
exclusividad, añadiendo que no se podría declarar de oficio la nulidad por el
plazo transcurrido (24/3/22), en vista de lo cual, la Procuraduría del MTC
presentó una demanda ante el Poder Judicial (27/3/24).
Asimismo, el presidente de la APN, Walter Tapia, confesó “haber otorgado
exclusividad en los servicios fue un error administrativo de la APN” (RPP
22/3/24), mientras que la presidenta de OSITRAN (el organismo regulador de
transporte), Verónica Zambrano, sostiene que esta exclusividad constituye una
barrera burocrática, agregando que, cuando la APN le solicitó la propuesta de
régimen tarifario para este puerto (a fines del 2023), realizó una denuncia
informativa al INDECOPI para que se pronuncie, porque según la Ley del Sistema
Portuario Nacional (LSPN): “el desarrollo de servicios portuarios en los puertos
de uso público: como el terminal portuario multipropósito de Chancay, debe
respetar el principio de libre competencia… si bien Cosco SPC cuenta con una
habilitación portuaria que le permite la construcción, no cuenta con un contrato
de concesión… y no se advierte que la APN cuente con facultades para otorgar la
exclusividad”.
Finalmente, mientras los voceros oficiosos de Cosco sostienen que el puerto
no para, anuncian que recurrirán a un arbitraje al amparo del Tratado de Libre
Comercio entre China y el Perú para exigir una indemnización. Toma.