Mercados financieros serán más cautelosos para nuevas
deudas
César Gutiérrez
Luego de la renuncia reciente de Carlos Paredes a la
presidencia de Petroperu SAA (PP), queda por ver el tema de fondo que fue origen
del impase con la Ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. La
pretensión que el Estado se haga cargo de una deuda por 1,500 millones de
dólares (MMUS$), de un total de 3,200 MMUS$ de pasivo de largo plazo que tiene
la petrolera, según los estados financieros al cuarto trimestre del 2019.
La pesada deuda es más que obvio que traerá problema de pagos
en el corto, mediano y largo plazo. En el corto, porque ante la parada de su
principal unidad de producción que es la Refinería Talara, que preveo que durará
hasta fines del próximo año, la empresa se comportará casi como un importador
neto y los márgenes de utilidad habrá que verlos se comportan, no teniendo
porque ser optimistas.
Este año y hasta el 2032, la empresa tiene la obligación de
pago de intereses de los bonos, que, a las tasas diferenciadas conseguidas,
sumarán 104 MMUS$ anuales, a lo que habrá que sumarle el interés del período de
gracia del crédito otorgado por la Compañía Española de Créditos de Seguros de
Créditos a la Exportación (CESCE), que ascenderá a unos 48 MMUS$ al año,
mientras se termine la etapa constructiva. En resumen, por lo menos hasta
finales del próximo año, requerirán 152 MMUS$ anuales para pagos de deuda de
largo plazo
El esquema de aliviar pasivos de PP, que podría haber sido un
canje por una emisión de bonos soberanos, para conseguir una menor tasa de
interés y plazos más largos o una capitalización del Estado. No se explicó
suficientemente cuál era el esquema; expresaba una preocupación legítima del ex
presidente Paredes, de poder honrar compromisos con los acreedores. Él, como
hombre de finanzas, era completamente consciente que la deuda es elevadísima,
cosa que los funcionarios de planta de la empresa no entienden.
Desde el punto de vista de alivio financiero, el planteamiento
de acudir a su propietario, suena legítimo, había algunas dificultades
prácticas: las limitaciones de la Ley 30130, relacionada con el Proyecto de
Modernización de Refinería Talara (PMRT), donde se da aval a PP para
endeudamiento hasta por 1,000 MMUS$, pero a la vez se menciona el
autofinanciamiento, a lo que se sumaba la Ley de Presupuesto y Endeudamiento del
Sector Público del año 2020. Pero no solo esto estaba sobre la bandeja de
pendientes de la ministra María Antonieta, sino también la reducción del déficit
fiscal que ya se había relajado en metas para los años 2020 y 2021.
Personalmente, soy un convencido que la prédica que se hizo
desde la empresa de poder autofinanciarse y crecer irresponsablemente el
endeudamiento, debe honrarse. Deben asumir responsabilidades y de llegarse a un
“default” que hagan lo que un privado practica: vender activos o declararse en
insolvencia.
Para culminar el PMRT, se dice que se necesitan 600 MMUS$
adicionales de deuda, pienso que es más, pues hay en discusión aún el pago de
penalidades por atrasos, donde la cifra en cuestión va desde 187.5 MMUS$ hasta
712.5 MMUS$, hecho escamoteado.
La colocación de bonos en Nueva York, en junio del 2017, donde
se obtuvo una tasa de 4,75% para colocación a 15 años, estuvo respaldada en la
creencia del mercado que ante un posible “default”, el Estado no abandonaría a
su empresa. Hoy con la decisión de la ministra Alva, queda claro que no
necesariamente puede ser así y esta señal pesará para una próxima emisión, habrá
más cautela de financistas.