Allanamiento gubernamental a exigencias de Odebrecht
Por César Gutiérrez
Sorpresa falaz es la exhibida por el gobierno, el Ministerio
Público y la Procuraduría, ante la demanda en el CIADI, de la empresa Odebrecht
Latinvest Luxemburgo (OLI LUX), con una exigencia de pago por parte del estado
peruano por la suma de1,200 millones de dólares (MMUS$), para resarcir su
inversión en el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP)
La pretensión de OLI LUX, como accionista mayoritario del
Consorcio Gasoducto Sur Peruano (CGSP) era un hecho conocido desde el año 2017,
y en los primeros meses del año 2018, ya habían culminado el trato directo con
el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el paso previo para iniciar un
proceso de arbitraje internacional.
Esta demanda es adicional a la presentada por Enagas ante el
mismo CIADI; uno de los accionistas minoritarios del CGSP, que en agosto del año
pasado anunciaba que su expectativa era que el Estado le pague 1,980 MMUS$, por
la inversión en el GSP. Se entiende que esta cifra permitiría la recuperación de
la inversión de los tres socios del consorcio: Odebrecht, Enagas y Graña y
Montero.
En resumen, estamos hablando de un requerimiento por doble vía,
una corporativa poniendo de frontis a Enagas y otra individual de OLI LUX, que
ha manifestado en comunicado público que el gobierno debe continuar con el
proyecto GSP, para que de la venta de los activos que existen en el terreno,
puedan cancelarle lo que piden para honrar sus deudas.
La réplica gubernamental ha sido la del allanamiento sumiso. El
Ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu y el mandatario Martín Vizcarra, en
sus declaraciones han mostrado que seguirán a pie juntillas lo que OLI LUX, está
exigiendo.
Queda claro lo que vengo repitiendo desde el año 2017, que
desde el momento que se emitió un Decreto de Urgencia (DU-001-2017) para que se
contratase una empresa que preserve los bienes del GSP; se había asumido la
posición errada de honrar al CGSP por el valor de sus inversiones en el
proyecto. Bien pudo solo ejecutarse la carta fianza y dejarle liberalidad al
consorcio que hiciese con sus activos lo que mejor le pareciera.
Todo indica que veremos en los próximos meses a un estado
preocupado y diligente, por devolverle el CGSP las inversiones que hicieron por
su cuenta y riesgo.