El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, acaba de
cumplir un año en el cargo sin mayor expectativa (desaprobación de 48 % y
aprobación de 26 %). Si bien al inicio provocó alguna esperanza por su
experiencia de gobierno -ex viceministro de Hacienda 2011-2015- y sus cargos
académicos -director de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad del
Pacífico-, todo lo echó a perder con sus aúlicas declaraciones sosteniendo que
hay una conexión entre crecimiento económico y los proyectos de la reforma
política. Oliva sostuvo que “sin las reformas políticas será difícil crecer por
encima del 4 % del PBI”.
Pero, como la tabla de Moisés castiga la mentira, la Providencia lo castigó
(y nos castigó) con un 0 % de crecimiento en el mes de abril. No solo eso, un
informe de la revista The Economist sobre la economía del Perú, reveló que en el
primer trimestre el PBI se había encogido en -5.3 % en comparación con el último
trimestre del 2018, desdibujando la promesa del MEF de que el crecimiento del
2019 sería de 4.2 %. El promedio mensual de ingresos por exportaciones viene
cayendo sin pausa en su gestión, sitúandose en un 18 % (de US$ 4,541 millones en
junio 2018 a US$ 3,719 millones en abril 2019). Ante la evidencia, titubeando,
el ministro Oliva ha tenido que reconocer que la meta se había reducido a un 3.7
%. Dios lo escuche y que la economía no se siga enfriando como el clima de Lima.
Pero el dato más preocupante es la lentitud en la ejecución de la inversión
pública.
El MEF no ha tenido ningún reflejo para plantear medidas que puedan paliar la
transición en los gobiernos regionales y municipales recientemente elegidos. La
ejecución en el primer semestre alcanza el 38.2 % en las regiones y 31.6 % en
los municipios, debiendo haber alcanzado más del 50 % a estas alturas. Otro dato
en el pasivo de Oliva es que durante su gestión no se ha concretado ninguna
inversión importante. Si bien el ministro Oliva anunció que se entregaría la
licencia de construcción de Tía María (17/06/19), el último jueves 28 fue
desautorizado por el viceministro de Gobernanza, Raúl Molina, quien señaló que
Southern Perú no tendrá otra alternativa que desarrollar otro Estudio de Impacto
Ambiental que sea “amigable con el ambiente y la agricultura”.