Los CEO comienzan a perder la paciencia ante la gestión de Vizcarra
Los
gerentes generales son cada vez más escépticos sobre la administración
deMartín
Vizcarra.LaXV
Encuesta de Gerentes Generalesrevela que la
aprobación de los ejecutivos hacia el presidente es de tan solo 51%, con una
especial desazón entre las pequeñas y medianas empresas (pymes). Ello contrasta
con el resultado del 2018, año en que la misma encuesta recogió el optimismo de
los gerentes generales inmediatamente después de la renuncia
dePedro
Pablo Kuczynski.El respaldo fue casi unánime: el 80%
de los ejecutivos aprobó la nueva gestión de Vizcarra. Hoy, la historia es
diametralmente distinta.
Los
resultados de la encuesta indican que la ‘luna de miel’ entre el empresario y
Vizcarra ha terminado. Ya no se le otorga al presidente el beneficio de la duda
sobre el manejo de las tensiones con el Legislativo, que terminaron por costarle
la presidencia a su antecesor. El 88% cree que el Congreso y el Ejecutivo
tienden al conflicto y los ejecutivos no tienen certeza de que eso vaya a
cambiar en los próximos meses. El 57% cree que la dinámica actual se
mantendrá.
Esa
situación no permitirá que el gobierno avance con las reformas que le interesan
al empresariado, como la laboral. En los últimos doce meses, además, el
presidente Vizcarra fue cauto con sus políticas económicas, pero osado en su
agenda anticorrupción y de reforma política. En el par de años que le quedan al
gobierno, todo indica que la relación entre el presidente, el Congreso y el
empresario seguirá colmada de ásperos desencuentros y descoordinaciones.
LE
PERDIERON LA PACIENCIA
Cuando
Vizcarra asumió la jefatura del Estado cimentó su gobernabilidad en una sosegada
convivencia con el Congreso. Las tensiones políticas que desembocaron en la
renuncia de Kuczynski decrecieron luego de la transición. El 80% de los CEO veía
que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo tendía a la concertación.
Fue así durante cuatro meses, hasta que la disminución en los niveles de
popularidad presidencial y la revelación del casoLava
Juez, que comprometía a la mayoría parlamentaria
deFuerza
Popular, lo llevaron a buscar un nuevo anclaje para la gobernabilidad:
la indignación de la ciudadanía por los escándalos de corrupción. En una segunda
fase, que va desde el Mensaje a la Nación de 28 de julio del año pasado hasta el
referéndum de diciembre, Vizcarra orientó sus esfuerzos a una agenda reformista
en lo político y lo judicial.
Cerrado
el proceso de consulta popular, empezó una tercera fase en la que que apareció
una ligera expectativa empresarial de que el gobierno, aprovechado su capital
político, apueste por una agenda económica. “No se esperaba que el gobierno de
Vizcarra hiciera todo, no tenía que ser el salvador. Pero hubiera sido bueno que
se compre dos o tres temas grandes”, comentaDiego
Macera, gerente delInstituto
Peruano de Economía.
En
una entrevista conSEMANAeconómica,Vizcarra
aseguró que luego de la agenda anticorrupción su gestión comenzaría a “trabajar
en la mejora de la infraestructura y productividad”. Más tarde reforzó ese
mensaje en laCADE
2018y, el último día del año,
elMinisterio
de Economía y Finanzas (MEF)publicó
laPolítica
Nacional de Competitividad.Pero nada de esto ha sido
suficiente para ganar el apoyo de los gerentes generales. “El gobierno va a ser
más cauto [con el plan], hubo una reacción muy fuerte desde los sindicatos”,
opina el politólogoArturo
Maldonado, socio de50+1.
Los
ejecutivos creen cada vez más que el desempeño del Ejecutivo para atraer
inversiones, destrabar proyectos, ejecutar inversión pública y fomentar
inversión minera es deficiente. “Las personas que toman decisiones sobre
inversiones y gestiones de empresas están atentas a eso. No se dejan marear por
discusiones que son escaramuzas [políticas]. Vemos las cosas que van a impactar
en el país, y esas decisiones no se están tomando”,
remarcaVíctor
Gobitz, CEO deBuenaventura.
CORPORATIVOS
CON VIZCARRA
Las
grandes empresas aún respaldan a Vizcarra. Aunque entre el 2018 y el 2019 su
aprobación bajó desde 77% hasta 57%, quienes creen en su administración aún son
mayoría. No ocurre lo mismo con las pymes, que eran un importante grupo de apoyo
cuando Vizcarra subió al poder. El 56% de las medianas empresas y el 51% de las
pequeñas desaprueban su gestión.
En
el Perú el 3.2% del total de empresas son pequeñas, el 0.1% son medianas y el
0.5% son grandes según datos delMinisterio
de la Producciónal 2017. El resto son microempresas.
“No se están dando las medidas para que las pequeñas empresas aumenten su
productividad. Eso se siente en la billetera del día a día. No se están haciendo
reformas integrales como la reforma laboral”, comentaFernando
Calmell, presidente de laAsociación
de Emprendedores del Perú (ASEP).
La
falta de una reforma laboral y tributaria impactan en las empresas medianas y
pequeñas debido a que elevan sus costos, lo que las desincentiva a seguir
creciendo y a dejar atrás la informalidad. “A la gran empresa le costará más y
la hará menos competitiva, pero puede pagar estudios de abogados, un equipo de
recursos humanos para cumplir con la legislación laboral, y enfrentar el costo
logístico porque tiene mayor productividad. Pero el mediano y el pequeño esperan
que el gobierno le solucione estos temas”, explicaMacera.
De
otro lado, la evaluación negativa de la inversión pública es mayor entre los
gerentes de las pymes. Ese componente del PBI cayó 10.9% en el primer trimestre,
según elBanco
Central de Reserva (BCR), pese a que el Ejecutivo desplegó esfuerzos
para evitar la contracción que suele registrarse tras el cambio de autoridades
subnacionales. “La reconstrucción, que era una esperanza de desarrollo para el
microempresario, está estancada. Cualquier tipo de inversión publica repercute
en la micro y pequeña empresa”, afirmaCalmell.
Gobitzprevé
que las empresas priorizarán la optimización y la ampliación de inversiones
antes que ingresar a nuevos negocios. Esa lógica de inversión no cambiará hasta
que haya más claridad respecto a las políticas económicas del gobierno. Eso
impacta directamente en su capacidad para atraer inversiones y genera menor
entrada de capitales. “Si eres grande tienes varias unidades de negocio y puedes
encontrar opciones para optimizar operaciones o ampliar otras. Pero cuando eres
pequeño y tienes una unidad de negocio, esas oportunidades ya no existen.
Mientras más chico eres, el invierno te afecta más”, explica el ejecutivo.
El
balance sobre las políticas de promoción de la inversión minera es
mayoritariamente regular, pero las percepciones negativas han crecido. “Hay una
sobrerregulación y una falta de coherencia en las exigencias. No nos oponemos a
proteger el medio ambiente o actuar con responsabilidad social, pero ponen más y
más trabas que hacen imposible que los proyectos se desarrollen con la velocidad
que requiere el país”, advierteMarcelo
Santillán, CEO de la mineraPoderosa.El
gobierno, por ejemplo, aún no decide si le dará la licencia de construcción al
proyecto cupríferoTía
María.“Del 0 al diez, yo le pondría un cuatro [al
gobierno]”, agrega.
La
reciente cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo le ha permitido
recuperar una popularidad que venía cayendo desde abril. Pero desde el sector
privado aquel suceso podría haber deteriorado aún más sus expectativas. “La
dinámica del Ejecutivo es tratar de apoyar al presidente en los temas
anticorrupción, pero no hay mensajes claros en los temas sectoriales. Allí los
ministros pierden un poco de fuerza. Ya quedó claro que mueven su agenda pública
sobre la base de medidas más efectistas”, diceMaldonado.La
lógica de la sobrevivencia política prevalecería sobre cualquier política
económica.