Luis Nava estuvo con el presidente Alan García los cinco años de gobierno.
Tan pronto como el verano del 2007, habría solicitado un soborno de US$ 4
millones a Jorge Barata de Odebrecht. En 2011, AGP lo nombró a Nava ministro de
la Producción un trimestre.
La versión de Jorge Barata es grotesca
y nauseabunda. Habían transcurrido apenas seis meses del gobierno de Alan
García, y el secretario del despacho presidencial, Luis Nava, ya le había
solicitado un soborno de US$ 4 millones. El propio hijo de Nava, José, confirmó
que Barata le pagaba a su padre. La corrupción pública había llegado a las
puertas del mismísimo despacho presidencial. ¿El presidente de la República
estaba al tanto de los sobornos? ¿Era García el gran titiritero? ¿Se suicidó
porque estaba acorralado? Las confesiones de Barata no llegan a ese extremo.
Nava calla en siete idiomas. Miguel Atala le echa la culpa al muerto. En la
carta póstuma que se hizo pública a las 24 horas de su suicidio, García afirma:
“No hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riquezas. La historia tiene más valor
que cualquier riqueza material. Nunca podría haber precio suficiente para
quebrar mi orgullo de aprista y de peruano”. Quedará como un caso de cinismo
patológico si se descubre que García era un corrupto.
El empresario textil Miguel Atala se encuentra en prisión domiciliaria, luego
de confesar que la cuenta bancaria a su nombre en la Banca Privada de Andorra
era, en realidad, del expresidente Alan García. Ahora va a tener que probarlo,
si no quiere regresar a las mazmorras. Porque las transferencias bancarias de
Andorra que consigna la carpeta fiscal cuentan otra historia (ver
cuadro). Según el historial bancario, Odebrecht depositó entre octubre del
2007 y febrero del 2008 un total de US$ 1,312,766.72 millones en la cuenta
abierta por Atala a nombre de la offshore Ammarin Investment Inc. en seis
armadas. Las empresas de fachada para esta operación de la brasilera fueron
Coher and Coher Investment Co. y Klienfeld Services Ltd. Atala no tocó la cuenta
durante cuatro años –salvo en diciembre del 2008, cuando hizo una única
transferencia por US$ 69,500 al Atlantic Security Bank de Gran Caimán–, y luego
dispuso del dinero a través de su hijo José y parientes, hasta vaciar la cuenta
por completo entre marzo del 2012 y octubre del 2013 (ver cuadro).
Atala declaró a la fiscalía que, a partir del 2010 y hasta el 2018, entregó
al expresidente García dinero en efectivo, en montos de entre US$ 20 y 30 mil,
hasta completar la suma de US$ 1,3 millones. Si es así, el supuesto soborno al
presidente de la República no habría salido de la cuenta de García en
Andorra.
Atala asegura que pagó a García con dinero “de mis negocios personales, los
cuales eran compensados con los activos que habían sido previamente depositados
en la cuenta bancaria de Ammarin Investment Inc. en la Banca Privada de
Andorra”.
Es posible que Atala esta vez esté diciendo la verdad, pero hasta el momento
ese dato no ha sido corroborado. Solo por iniciar el trámite de colaboración
eficaz y dar valiosa información, Atala ha salvado a su hijo Samir y a sí mismo
de ir a la cárcel, al dictarse para ambos orden de comparecencia restringida, en
lugar de prisión preventiva. Pero los beneficios de una colaboración eficaz, así
como el recorte de una pena, solo pueden darse una vez corroborada la “pepa”. El
caso, por lo tanto, no está cerrado.
El problema es que esta es la tercera versión sobre el origen de la cuenta en
Andorra que ofrece Atala, si bien la más devastadora e inquietante. Primero
aseguró que el dinero en Andorra era producto de la venta de un terreno a
Odebtecht, en la ruta del tren eléctrico. Cuando esta coartada probó ser falsa,
sostuvo que su socio, Yamil Tali Hamideh, fue quien en realidad cerró trato con
los brasileños; lamentablemente, el susodicho ya murió. “Cada vez que muere
alguien, Atala le arrima el bulto”, ironizó un abogado de la contraparte que
solicitó anonimato.
En esta oportunidad, la versión de Atala cuadra en muchos sentidos con la
confesión de Jorge Barata, de Odebrecht, quien afirma haber pagado US$ 4
millones en sobornos a Luis Nava –el secretario del despacho presidencial en
tiempos de Alan García–, una versión que el propio hijo de Nava ha confirmado.
Atala dijo que actuó como testaferro de Nava, quien a su vez lo era de
García.
Está obligado a proporcionar una prueba concluyente para que la colaboración
eficaz que negocia se haga efectiva.
La ley 28192 del 2004 –Ley para la Lucha contra la Evasión y para la
Formalización de la Economía– estipula que todo movimiento de dinero a partir de
los US$ 1,000 debe bancarizarse. Acaso ese registro coadyuve a respaldar la
grave denuncia de Atala, aunque dada la naturaleza de la operación, esta acaso
sea una pretensión absurda.
Atala
afirma haber entregado a García el dinero en efectivo y en persona, pero no
ofrece documentos ni testigos. Y de los dos individuos que lo saben, aparte de
él. uno está muerto, y el otro, Nava –condenado a 38 meses de prisión
preventiva–, ha optado por el silencio.