Empresas del Club de la Construcción reclaman al MTC S/ 323 millones
Con diferentes argumentos, las constructoras que son
acusadas de haber formado parte del “cartel de la corrupción” de las obras
públicas exigen mediante arbitrajes que el Estado les abone
indemnizaciones.
Empresas a las que autoridades atribuyen pertenecer a la
organización conocida como el Club de la Construcción, porque concertaban
ilegalmente la asignación de millonarias obras públicas como la habilitación o
refacción de centenares de kilómetros de carreteras, mantienen vigentes demandas
arbitrales contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por un monto que
supera los 323 millones de soles.
Individualmente o en consorcio, empresas como las brasileñas
Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Mota Engil, y peruanas como ICCGSA,
Obrainsa, JJC Contratistas Generales, investigadas por su presunta participación
en la repartija de millonarios contratos con la entidad Provías Nacional, son
entre otras las que han interpuesto los arbitrajes con el propósito de obtener
resarcimientos económicos.
Según han confesado el exsuperintendente de Odebrecht en el
Perú Jorge Barata y uno de los árbitros favoritos de la constructora brasileña
que ha solicitado acogerse a la colaboración eficaz, Horacio Cánepa Torre, el
objetivo de los reclamos al MTC por la vía del arbitraje era buscar incrementar
el monto original de las obras públicas.
Se trata de 30 procesos arbitrales que el MTC enfrenta con las
cuestionadas empresas constructoras y cuyas demandas suman 323 millones 51 mil
53 soles, exactamente.
La compañía que más procesos arbitrales ha interpuesto es Obras
de Ingeniería SA (Obrainsa), que en un inicio estuvo consorciada con Odebrecht.
El exrepresentante de Obrainsa Elard Tejeda Moscoso es señalado por la fiscalía
como integrante del Club de la Construcción.
Son ocho procesos arbitrales presentados por Obrainsa con los
que pretende cobrar de más al Ministerio de Transportes 52 millones 462 mil 290
soles, todos están relacionados con la obra para el Mejoramiento de la Carretera
Camaná-Matarani-Ilo-Tacna.
Obrainsa inició los procesos arbitrales contra el MTC
argumentando el otorgamiento de ampliaciones de plazo y el reconocimiento de
mayores gastos generales derivados en la ejecución de contratos de obra y
fallas.
Pero las otras constructoras que están pidiendo el mayor monto
son Andrade Gutierrez y JJC Contratistas Generales, que conforman el Consorcio
Vial Huaura. Entre los tres procesos arbitrales, las constructoras han demandado
el pago de 79,1 millones. Quieren un pago extra por la ampliación de la fecha de
la culminación del contrato. Directivos de ambas firmas también son investigados
por la fiscalía por su implicación en el caso del Club de la Construcción.
Por su parte, las compañías integrantes del Consorcio Túnel
Callao –Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao e ICCGSA, todas mezcladas con el Club
de la Construcción– exigen 34,1 millones de soles al MTC porque supuestamente no
cumplió con su parte en el contrato.
Como puede apreciarse en el recuadro adjunto, las demandas de
las empresas constructoras por abonos adicionales son múltiples. Según la
hipótesis del Ministerio Público, se trataría de una modalidad para incrementar
el monto original de las obras adjudicadas. Coincidentemente, se trata de
compañías que además de estar investigadas por haber sido parte del Club de la
Construcción, también aparecen relacionadas al presunto financiamiento ilegal de
campañas políticas, como es el caso de OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao,
entre otras.
En la relación, además, aparecen Construcción y Administración
(CASA), e Hidalgo e Hidalgo, ambas representadas por el ecuatoriano Jaime
Eduardo Sánchez Bernal, con demandas que superan los 35 millones de soles.
Sánchez afronta restricciones por su relación con el Club de la Construcción.
MTC evitó pérdida de S/ 291,8 millones El
MTC ha evitado que el Estado pague a las empresas ligadas al denominado Club de
la Construcción un monto superior a los 291,8 millones de soles en laudos
arbitrales.
La ministra María Jara indicó que su gestión potenciará las
acciones para la identificación y gestión de riesgos en los procesos de
contrataciones, y fortalecerá la Procuraduría para combatir la corrupción.
“Desarrollaremos lineamientos para la promoción de la
transparencia y acceso a la información. Nuestras acciones se encaminan además a
generar protocolos para la atención presencial, telefónica y por medios
virtuales a nuestros administrados. Se registrarán en audio y video las
reuniones entre funcionarios y administrados, y se potenciará la transparencia
del registro de visitas a través de agenda pública”, señaló.