Fiscalía denuncia a Vizcarra por avalar cobros indebidos
Magistrado Walker Ríos afirma que el Presidente está incurso en
presunta negociación incompatible vinculada a supervisión de represa
Chirimayuni.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de Moquegua ha denunciado al presidente Martín Vizcarra por el
presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado por autorizar
pagos de trabajos no realizados en la supervisión de la represa Chirimayuni de
la citada región cuando fue gobernador entre los años 2011 y 2014.
Dicha represa, ubicada en la zona altoandina de Moquegua, entre las
comunidades de Curo y Humalso, a 4,300 metros sobre el nivel del mar, tenía el
propósito de solucionar el déficit hídrico de los distritos de Chojata y Lloque
de la provincia General Sánchez Cerro.
La investigación a Vizcarra Cornejo se inició en 2011 y, en el ínterin, ha
sido acusado, junto a otros implicados, cuando ya era presidente de la
República, y, como tal, estaba amparado por la inmunidad presidencial por
mandato del artículo 117 de la Constitución.
Estando claro que ese derecho le asiste al jefe de Estado, el Ministerio
Público asume entonces que no se puede formalizar acusación contra Vizcarra
Cornejo ante la Judicatura, por lo que el fiscal del caso, Walker Ríos Calisaya,
planteó la figura de la desacumulación, es decir apartarlo y postergar su
enjuiciamiento hasta después que concluya su mandato, continuando obviamente el
proceso con los otros imputados.
“LOS MOQUEGUANOS”
La acusación tiene que ver con la ejecución del concurso público N°
8-2010/CE/GR.MOQ referido a la contratación del servicio de supervisión externa
para la obra “Construcción Infraestructura de Riego Represa de Chirimayuni,
distrito de Chojata y Lloque, provincia de General Sánchez Cerro, Departamento
de Moquegua”, donde Vizcarra Cornejo es implicado en pago de trabajos no
realizados junto a su grupo de técnicos, ahora llamados “Los Moqueguanos”.
La investigación fiscal indica que funcionarios y ejecutivos, entre ellos el
ingeniero civil César Augusto Ramos Zamora, director de supervisión de la
región, otorgaron la conformidad a seis valorizaciones presentadas por el
Consorcio Chirimayuni, por trabajos no realizados en supervisión externa, entre
los meses de junio y noviembre de 2011.
Esto pese a que este funcionario conocía “que dicho consorcio no había
realizado el servicio de supervisión externa de la construcción de las obras de
irrigación y la represa de Chirimayuni, por lo que permitió que el Consorcio en
referencia se apropie indebidamente de la suma de S/ 697,226.21 en perjuicio del
Estado”.
Otro implicado, el abogado de la empresa, Jhonny Iván Ramos Zamora, presentó
las mencionadas valorizaciones falsamente y conocía también que no se había
hecho trabajo alguno para remunerarlas.
Víctor Federico Fireles Mamani, coordinador del contrato de supervisión,
otorgó una de las conformidades; mientras que Félix Terreros Guerrero, jefe de
supervisión del consorcio, no solo solicitó los pagos, sino que suscribió los
informes de “avance de obra, pese a tener conocimiento que no había realizado el
servicio de supervisión externa”.
APENAS 4 HORAS
La Fiscalía ha tenido que analizar gran cantidad de informes de los
residentes de obra, como el del 15 de febrero de 2012, que señala que la
supervisión externa Consorcio Chirimayuni “no se encuentra en la obra”.
Asimismo, que el jefe de supervisión, personal profesional y el personal
técnico de la supervisora “se encuentran de manera ausente durante el mes de
febrero”, con excepción del viernes 10 de ese mes en que estuvieron apenas
cuatro horas para luego retornar a la ciudad de Moquegua.
Otro documento evaluado es un acta anterior del 10 de febrero en que los
técnicos reunidos en Chojata-Lloque constataron que la supervisión contratada
por el gobierno regional “no firmó el Cuaderno de Obra Tomo III”. Y con relación
al Tomo II registraron nueve asientos “llenados por el mismo jefe de
supervisión” sin trabajar.
Con relación al imputado Martín Vizcarra Cornejo, se le atribuye, en su
condición de gobernador regional de Moquegua, “haber permitido el pago de las
valorizaciones Nº 4, 5 y 6 y [el] pago de valorizaciones por servicios que no se
habrían cumplido a favor del Consorcio Chirimayuni, lo que constituiría actos de
favorecimiento a favor de dicho consorcio”, señala textualmente la Disposición
Nº 14 de la Fiscalía anticorrupción moqueguana.
La acusación de dichos personajes tuvo lugar el 28 de octubre de 2016 y un
fallo por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de
peculado por administración es de fecha 21 de noviembre de 2018.
Sin embargo, los cargos por negociación incompatible contra Vizcarra recién
podrían empezar a ser procesados el 29 de julio de 2021, no obstante que desde
el mes de octubre de 2016 no ha merecido evaluación ni control de un caso que
data desde el año 2011, habiendo transcurrido ocho años.
“A este panorama incierto se tiene que sumar el tiempo que demorará, luego
del 29 de julio de 2021, el traslado del requerimiento de acusación y desarrollo
del juicio oral”, señala Ríos Calisaya.
Ante ello el fiscal optó por requerir la desacumulación del caso del hoy
mandatario en los pagos indebidos al Consorcio Chirimayuni, con la salvedad de
hacer valer los derechos del Estado al concluir su mandato.
El Expediente N° 48-2016-90 del citado caso está en manos del juez del Tercer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Moquegua.
Rescisión del contrato con daño al erario público
En reiteradas oportunidades se le hizo notar al Consorcio Chirimayuni el
incumplimiento de obligaciones de supervisión estipulados en el contrato,
incluso con posibilidades a rescindir el mismo, o la aplicación de penalidades
establecidas por el artículo 165º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Pero la empresa hizo caso omiso, no obstante que las normas exigen que “toda
obra contará de modo permanente y directo con un inspector o un supervisor”.
La situación se hizo tan insostenible que el 23 de febrero de 2012 se rubricó
la Resolución Ejecutiva Regional Nº 200-2012-GR/MOQ por parte del mismo Martín
Vizcarra, pero el daño ya estaba hecho.
Tres adendas
El 26 de junio de 2010, el Gobierno Regional de Moquegua convocó el proceso
de selección y licitación Nº 009-2010/CE/GR.MOQ, para la “Ejecución de obra
pública para la construcción de riego Represa Chirimayuni”, por un valor
referencial ascendente a S/ 16’936,444.06.
Al concluir la obra e inaugurarse el 28 de octubre de 2014, en el gobierno
nacionalista de Ollanta Humala, el monto de inversión había ascendido a S/
31’602,147.32.
El incremento fue por las adendas números 1, 2 y 3, al mismo estilo de
Odebrecht, pero en pequeño.
En ese entonces se dijo que esta obra ampliaría en 400 hectáreas la frontera
agrícola y se mejorarían las 300 hectáreas que ya estaban en producción, en la
provincia de General Sánchez Cerro de Moquegua, proyectando beneficiar a más de
3,800 pobladores.
El Consorcio Chirimayuni de supervisión de la represa de Chirimayuni estuvo
conformado por las empresas Corporación de Racionalización y Consultoría S.A. y
Motlima Consultores S.A.
De Chirimayuni al Programa “Agua Segura para Lima y Callao”
No obstante que el presidente Martín Vizcarra y el ingeniero César Augusto
Ramos Zamora son imputados por la Fiscalía por los presuntos delitos de
negociación incompatible y peculado, Ramos al parecer está blindado porque en la
actualidad es el jefe del Programa “Agua Segura para Lima y Callao”.
Desde la dirección ejecutiva de dicho programa, según una nota de la web
gatoencerrado del 30 de abril de 2019, Ramos “ha licitado más obras que en todo
el período julio 2016-julio 2018 juntos. Ha otorgado tres obras por S/ 874
millones”.
La primera fue la entrega de la “Sectorización de Agua Potable de la Parte
Alta de Chorrillos: Matriz Próceres” por un monto de 433.2 millones de soles al
controvertido consorcio chino Sinohydro-Cesbe, acusado de pagar coimas en
Zimbabue (US$ 10 millones) para ganar la licitación de una central
hidroeléctrica y en Venezuela (US$ 7 millones) con tal de adjudicarse una obra
de la petrolera estatal PDVSA.
La segunda es IVC Contratistas Generales a la que adjudicó el proyecto
“Esquema Anexo 22-Pampa de Jicamarca-Ampliación de Agua Potable, distrito San
Antonio de Huarochirí” por 288.5 millones de soles. Esta empresa, ligada a
Odebrecht y Graña y Montero, dicen que fue la responsable del aniego en San Juan
Lurigancho, esto por la reubicación de los colectores durante las obras del Tren
Eléctrico.
Tercero, Superconcreto del Perú ganó la obra “Esquema Carapongo – Agua
potable de los sectores 136 y 137” por 118.3 millones de soles. Dicha firma,
según el Ministerio Público, es parte del “Club de la Construcción”.
Asimismo, “una empresa del lobista del Club de la Construcción, Rodolfo
Prialé, Consorcio Las Vegas, que supuestamente servía para encubrir pago de
coimas, facturó a Superconcreto S/ 1.2 millones”.
Finalmente, dos supervisiones de obras fueron entregadas a Acruta Tapia por
S/ 28.6 millones.
No obstante haber favorecido al Consorcio Chirimayuni por pagos de
supervisiones inexistentes por un monto de 697,226.21 soles en la ejecución de
la represa del mismo nombre, en la sierra de Moquegua, el año 2011, es
sintomático que Ramos Zamora haya seguido trabajando en puestos ejecutivos cada
vez más elevados.
Su hoja de vida en el sector público empezó cuando Vizcarra era gobernador de
Moquegua. Ramos Zamora trabajó de director regional de Supervisión (2011-2013) y
gerente regional de Infraestructura (2013).
Esto bajo el mando de Edmer Trujillo Mori, quien fue primero gerente regional
de Infraestructura (2011-2012) y luego gerente general de la región Moquegua
(2012-2014).
Con la salida de Vizcarra de la región en 2015, Ramos pasó a trabajar al
Gobierno Regional de Arequipa, donde el mismo Edmer Trujillo asumió la gerencia
general (2015). Ramos fue director regional de Supervisión (2015) y gerente
regional de Infraestructura (2015-2017).
Después saltaría a Lima, cuando Trujillo fue nombrado ministro de Vivienda a
la caída de Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia de la República y el ascenso
de Vizcarra a la jefatura del Estado.
En esos días felices Ramos ya laboraba como asesor del Organismo Técnico de
la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), siempre al lado de
Trujillo y todos bajo la atenta mirada de Martín Vizcarra, el jefe de “Los
Moqueguanos”.
¿De dónde viene esa cercanía entre Vizcarra y Ramos? Quienes los conocen
dicen que desde las aulas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde
ambos estudiaron. Pero esa amistad se refuerza en 2005, cuando Ramos trabajó
para la compañía del Presidente, CyM Vizcarra, en la construcción del Canal
Calachaca-Chuapalca-Patapujo tramo II, un proyecto de S/ 8.3 millones del
Gobierno Regional de Tacna.