Eduardo Ballón: El Estado peruano ha sido incompetente en la gestión de los conflictos sociales
La República conversó con el antropólogo de la Universidad
Católica del Perú (PUCP), Eduardo Ballón, sobre el conflicto en Las
Bambas.
A propósito de lo que ocurre en Las Bambas, el antropólogo
Eduardo Ballón examina el papel que el Estado peruano en general ha desempeñado
en la prevención y tratamiento de los conflictos sociales. Advierte que lo que
se observa es una falta de gestión. “No se ha desarrollado la mínima capacidad
de aprender de los errores”, dice.
- ¿Cómo ha gestionado el Estado los conflictos
sociales?
Más allá del intento de construir alguna forma de
institucionalidad que los atienda, el Estado ha sido, básicamente, incompetente
para cumplir con su rol en la gestión de conflictos sociales. En la mayoría de
grandes conflictos no es neutral y, en última instancia, suele estar del lado de
uno de los sectores en pugna.
- Del lado de la empresa extractiva, ¿no?
En el caso de los conflictos extractivos casi siempre es
así.
- ¿El problema es la incapacidad estatal,
solamente?
Hay una combinación de dos elementos. El menos importante tiene
que ver con la falta de gestión y de continuidad en la política pública. Del
otro lado está la apuesta ciega por un modelo de crecimiento en base a la
extracción de recursos naturales al precio que sea, sin contemplar a la gente ni
al medio ambiente.
- Una mirada de corto plazo.
Es una mirada de cortísimo plazo, que busca acceder a la mayor
cantidad posible de renta para ser utilizada por el Estado para sus gastos.
- Lo de Las Bambas no es de ayer. ¿No se pudo atender
mucho antes?
Eso responde a la indiferencia absoluta del Estado frente a
este tipo de problemas. Pero también es debilidad de lo institucional. Desde el
año 2004, el Estado ha construido diferentes modelos para atender conflictos,
hasta llegar a esta Secretaría de Gestión Social y Diálogo.
- De la PCM.
En sentido estricto, se llegó a avanzar hasta la discusión de
la conveniencia de tener un sistema de gestión de conflictos, eso fue en el
2013. Pero se paralizó, porque el Ministerio de Energía y Minas y el de Economía
se oponían. Es decir, la PCM tiene esta secretaría, pero un sector como el Minem
tiene su propia unidad de conflicto que actúa a su libre albedrío.
- Y defendiendo sus intereses sectoriales.
Como es obvio.
- ¿Algún modelo de prevención del conflicto social ha
funcionado en el país?
No, nunca hemos sido un país que gestione el conflicto social,
el cual siempre ha sido visto como un problema y una anomalía que había que
desaparecer y no como parte de la vida social y una oportunidad. En general, y
en lo que va del siglo XXI, el Estado ha vivido convencido de las bondades del
extractivismo a cualquier costo social y ambiental. Los resultados los vemos en
Las Bambas, en Tía María, en demasiados lados.
- ¿Hay que cambiar el modelo, entonces?
Yo no me voy a pronunciar en contra de la minería, no me
considero antiminero. El país necesita de los recursos de la minería, pero,
además, requiere que estos sean usados en beneficio de la gente, del ambiente y
del desarrollo. Por eso se requiere de condiciones racionales y razonables. Se
ha impuesto una ideología extractivista…
- ¿Maximalista?
Que entiende que todo vale, y en esa lógica nos enfrentamos a
situaciones de conflicto y polarización. Ojalá, esta vez no se termine como en
otros casos, con muertos y heridos.
- El Estado ya debería haber aprendido qué no debe
hacerse en casos como estos, ¿cierto?
Es claro que el Estado no ha desarrollado la mínima capacidad
de aprender de sus errores. Hay un repertorio grande de cosas que no se deberían
hacer. Si se mira el caso de Las Bambas se encuentra que, en distintas
circunstancias, el Estado ha hecho tabla rasa de sus propias normas. Una
carretera nacional donde no hubo expropiación ni compra de tierras, un cambio de
un minero-ducto por una carretera sin un nuevo estudio de impacto ambiental son
solo dos perlas de un largo rosario en donde el Estado y la empresa tienen
responsabilidad.
- Aunque también se cuestiona a los comuneros de
Fuerabamba por, supuestamente, vivir en el lujo.
Es una mirada absolutamente limeña. Me gustaría ver que harían
estas personas que salen a declarar, periodistas, si mañana pasaran por sus
casas 320 camiones a diario. Todo esto se pudo prever. El problema de la
carretera viene, por lo menos, desde el año 2015.
- Desde la política pública, ¿qué debería hacerse?
¿Tener un sistema integrado para prevenir los conflictos?
Desde el punto de vista de la política pública lo que se
necesita es un sistema único de prevención y gestión del conflicto social, con
un ente responsable que lidere y articule a los distintos sectores y niveles del
gobierno que tienen responsabilidad. Los alcaldes y los gobernadores regionales
tienen apenas un rol de intermediadores y de bomberos y son los que sufren las
presiones de la población…
- Es un papel reactivo.
Así es. Se necesita, por eso, una entidad con liderazgo. Los
sucesivos directores de esta secretaría (de la PCM), usted puede preguntar, han
visto cómo el Minem tiene su propia lógica y no coordina absolutamente nada con
ellos, ya no digo hacerles caso.
- Y hay que saber leer lo que la gente dice. En las
elecciones regionales ganaron gobernadores con posiciones críticas hacia la gran
minería. Eso revela cuál es el ánimo.
Después de más de 15 años del modelo, que nadie puede discutir
que ha generado renta al país, resulta claro que las poblaciones en los espacios
de asentamiento de las actividades extractivas están en iguales o peores
condiciones. La gente percibe este asunto y actúa en consecuencia. Las
elecciones regionales expresaron en varios sitios una crítica, que no ha sido
leída ni por el Estado ni por la mayoría de las empresas.