El temor a competir con el gas boliviano, por César Gutiérrez
El sector gasífero peruano ha puesto a sonar las alarmas, luego
de la reciente reunión entre el titular de Energía y Minas peruano, Francisco
Ísmodes y el Ministro de Hidrocarburos boliviano, Luis Alberto Sánchez, donde se
hicieron anuncios de venta de gas natural (GN) del país altiplánico en
nuestro territorio.
Demasiado nerviosismo de los agentes del sector de distribución
de GN del lado peruano, a pesar que en las condiciones actuales, los volúmenes
serán magros, pues el abastecimiento tendrá que realizarse en transporte
terrestre como gas natural licuado (LNG).
Con LNG transportado en camiones se podrá atender algunas
estaciones de servicio, industrias y comercios. Esta situación perdurará hasta
que se ponga en operación comercial, si es que ocurre, el Sistema Integrado de
Transporte de Gas para la Zona Sur del País, como hoy se le denomina al proyecto
Gasoducto Sur Peruano.
La preocupación se da en dos frentes, en el concesionario de la
región sur (Arequipa, Moquegua y Tacna), la española Gas Natural Fenosa Perú SA
(GNFP) y la colombiana Promigas, que opera con el nombre comercial de Quavii y
que atiende la región norte (Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Ancash).
GNFP hoy tiene llegada muy limitada al sector industrial y la
llegada del gas boliviano puede devenir en mayor perjuicio, pues habría
renovación de algunos contratos que existen con empresas comercializadoras que
llevan GN desde la región Ica y que con LNG boliviano podrían mejorar el precio
sin infringir reglas de libre competencia, dejando fuera de mercado a la
distribuidora.
Por el lado de Quavii, su preocupación está en que era la
principal aspirante en atender a siete regiones altoandinas, que van a ser
entregadas en concesión vía Proinversión. Dado que el suministro a esas
locaciones se debe hacer en camiones como LNG o gas natural comprimido (GNC) y
empresas locales tienen avances con la estatal boliviana YPFB, éstas tendrían
opción de competir con grandes posibilidades de ganar.
Si predicamos libre mercado, pongámoslo en práctica, cuidando
que no se vaya a promulgar un Decreto Supremo con el cual se pretende imponerles
un cargo a los comercializadores a favor de los distribuidores, aspiración que
ya se ha querido establecer en el 2017.