Abandono de gestión gubernamental en sector energético, por César Gutiérrez
El Poder Ejecutivo está obnubilado por las altas cifras de
aprobación que le muestran las encuestadoras, como un rédito de la confrontación
contra el fujimorismo, el aprismo y todo aquello que pueda ser materia de una
supuesta afinidad con dichas agrupaciones. Mientras tanto, los temas pendientes
de solución de los sectores económicos siguen aumentando sin salida alguna, ante
la pasividad de los gremios empresariales.
La teoría que la economía peruana se ve mayoritariamente
afectada por los choques externos, que por la política interna, tiene cierto
asidero, sin embargo a nombre de ello no se puede dejar de gestionar las
economías sectoriales.
Ejemplo de la inacción es lo que viene ocurriendo en el sector
energético: producción y exploración hidrocarburífera con severísima
declinación, conflictos en los sectores de generación y distribución de
electricidad que no se resuelven, postergación de definiciones para la inversión
en generación de energía eléctrica en base a recursos energéticos renovables,
contrasentidos en la política de gestión de los biocombustibles, discrepancias
en la distribución de gas natural por redes de ductos sin solución y
diferimiento de un planteamiento serio del transporte de gas natural por
ductos.
Mientras que esperamos gestión, lo que se tiene es un
Ministerio de Energía y Minas, que hace prensa. Anuncios de inversiones que no
llegan, prepublicaciones normativas con serias carencias, propuestas
legislativas que hacen de furgón de cola de intereses de una pocas empresas,
como es el caso de la propuesta de modificaciones de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, y pretensión de intervencionismo en las decisiones del regulador,
como el reciente caso del Decreto Supremo (DS-027-2018-EM), publicado y derogado
en menos de una semana, con el correlato de haber despedido al Viceministro de
Electricidad, como chivo expiatorio.
A estas alturas, en épocas normales de manejo político, debería
haberse planteado la interpelación y derivado en la censura del ministro del
sector, Francisco Ísmodes. Lamentablemente la agenda política está completamente
desnaturalizada y no permite abordar casos como éste en el Congreso, mientras
tanto corresponde a los agentes económicos exigir soluciones.