La ley de la Selva en la promoción de la amazonía por: César Gutiérrez
El reciente despliegue periodístico sobre el cierre de operaciones de la
Refinería Pucallpa, decisión tomada por el operador Maple Gas Corporation
Sucursal Perú SRL, motivada por carencia de insumos, que en su totalidad
son adquiridos por Petroperu, propietario y arrendatario de la mencionada
refinería; ha sido tomada por los funcionarios de la petrolera estatal como una
disputa en el ámbito empresarial con dos empresas privadas de por medio:
Aguaytía Energy del Perú SRL, hoy en manos del grupo privado Orazul Energy Perú
SA y la hispano árabe Cepsa.
El tema va más allá de este hecho coyuntural, de imprevisibles consecuencias;
refleja el desdén a la Ley de Promoción de la Amazonía (Ley 27037), publicada en
diciembre de 1998, dos meses después de la firma del Acta de Brasilia, con
la cual se selló la paz entre Perú y Ecuador. El gobierno fujimorista de ese
entonces, buscó mediante esta norma dar un impulso a la Amazonía, en un momento
que los ánimos estaban caldeados en la región Loreto, con gran protagonismo del
Frente Patriótico, por la entrega como presea al Ecuador, del enclave de Tiwinza
en pleno territorio de la selva peruana.
La ley manifiesta que tiene como objeto el desarrollo sostenible e integral
de la Amazonía (artículo 1) y establece como principio de promoción el uso
racional de los recursos naturales, materiales, tecnológicos y culturales
(artículo 4). Obviamente que con lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los
años, no se está cumpliendo con la norma, más bien lo que impera es la Ley de la
Selva, el más fuerte se impone.
No es uso racional de los recursos naturales, el tener refinería en Pucallpa,
e insumos suficientes en las provincia ucayalina de Padre Abad y en la vecina
provincia huanuqeña de Puerto Inca y vender a nivel ex planta, la gasolina de 90
octanos, y el Diesel 2B5; 11% y 7%, respectivamente, más elevados que en el
Callao. Hay de por medio los costos de fletes fluviales y terrestre en una
operación cuya racionalidad económica Petroperu no la explica.
El rol del estado es encontrar una solución a este impase, que devendrá en
cese colectivo de trabajadores, uno de los puntos de los 66 que plantean los
ciudadanos de la región Ucayali, con un estallido social en ciernes.