Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra
Exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante
la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) cobraron presuntamente más de 2.000
millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compañías
extranjeras consiguieran adjudicaciones de la principal firma estatal, Petróleos
de Venezuela, SA (PDVSA). La mecánica implicó, al menos, a diez personas
—exdirigentes chavistas, empresarios y sus familiares—, según informes de la
Policía de Andorra que maneja la juez Canòlic Mingorance. La magistrada
andorrana indaga el supuesto blanqueo en el marco de un expolio de la petrolera
estatal.
Los pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en la Banca
Privada d’Andorra (BPA), a 7.400 kilómetros de Caracas. Y circularon por una
telaraña de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades panameñas. El dinero
saltó después desde el Principado a paraísos fiscales como Suiza o Belice a
través de una laberíntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, según
las pesquisas.
EL PAÍS ha tenido acceso a las cuentas corrientes de los cabecillas y a
detalles confidenciales sobre sus sociedades instrumentales. La red estaba
formada por los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y
Javier Alvarado; un primo de un expresidente de PDVSA y directivos de este
gigante petrolero. El grupo se completaba con un magnate de los seguros y
testaferros.
La trama justificó ante el banco andorrano sus millonarios ingresos como
honorarios por trabajos de asesoría a empresas. Fue el argumento que esgrimió
ante el denominado departamento de cumplimiento (compliance), un órgano de
fiscalización de la BPA para prevenir la evasión de capitales. Y evitar que
fondos de la droga, el tráfico de armas o la corrupción política aniden en un
depósito bancario bajo apariencia legal.
Los investigadores sostienen que los supuestos trabajos de asesoría nunca
existieron. Y que algunos de los informes por los que se pagaron minutas
millonarias ocuparon folio y medio.
La juez de Andorra Canòlic Mingorance sospecha que el grupo cobró comisiones
de entre el 10 % y el 15 % a compañías extranjeras, especialmente chinas, que
recibieron después contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y
sus filiales.
Las pesquisas conectan los manejos de la red con un acuerdo entre Venezuela y
China por el que el país sudamericano recibió un préstamo de 20.000 millones de
dólares (17.000 millones de euros) del gigante asiático a cambio de petróleo. Un
portavoz de PDVSA ha declinado pronunciarse. Dice que el asunto "compete a la
Fiscalía".
Trama de blanqueo
Pese los recelos, la BPA abrió las cuentas bajo sospecha. Y eso que su unidad
de fiscalización interna llegó a advertir en algunos casos de la condición de
los clientes de Personas Políticamente Expuestas (PEP), que es como se denomina
en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por haber ocupado un cargo
público, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.
Las autoridades de Andorra, donde hasta el pasado año regía el secreto
bancario, intervinieron en marzo de 2015 la entidad elegida por la trama para
limpiar su botín. Estados Unidos había denunciado antes que este banco fue
empleado por bandas criminales para el blanqueo, algo que sus propietarios
niegan.
La juez Mingorance ha situado bajo su foco al que fuera viceministro de
Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos. El
exdirigente fue detenido en Madrid el pasado octubre por una causa distinta a
petición de EE. UU., que solicita su extradición. Villalobos figura también como
investigado en un juzgado de la Audiencia Nacional por presuntos sobornos de la
ingeniería asturiana Duro Felguera.
Tanto el letrado de Villalobos en esta última causa como el que le representa
en la investigación de Andorra han declinado ofrecer su versión. Las pesquisas
revelan que el exviceministro abrió 12 depósitos en la BPA y constituyó 11
sociedades instrumentales. Sus cuentas recibieron 124,2 millones de euros, según
la Policía de Andorra.
Por su parte, Javier Alvarado, exviceministro de Energía y Petróleo y
exdirector entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec),
manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de
euros. Una de sus cuentas en Andorra se abrió en julio de 2008, cuando el
dirigente todavía formaba parte del Ejecutivo de Hugo Chávez (fallecido en marzo
de 2013).
Mientras, Diego José Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía,
expresidente de PDVSA y representante hasta hace dos semanas del Gobierno de
Nicolás Maduro en la Organización de Naciones Unidas (ONU), acumuló siete
depósitos y seis sociedades. Sus cuentas movieron 21,2 millones de euros.
Salazar fue detenido la semana pasada por su presunta participación en la trama.
Este periódico no ha logrado localizar a los letrados de Alvarado y Salazar.
Cerco al hombre fuerte del expresidente
La fiscalía de Venezuela anunció el pasado martes que investiga a Ramírez,
hombre fuerte de Hugo Chávez, por supuestos negocios petroleros con su primo.
Ramírez no tiene cuentas en la BPA ni figura entre los investigados por la juez
Mingorance.
En el foco policial están, también, las cuentas ocultas del magnate
venezolano de los seguros Omar Farias, un empresario cercano al régimen
bolivariano. Sus depósitos recibieron 586 millones de euros, según los informes
policiales.
Rodney Cabeza, vicepresidente de su firma, Seguros Constitución, ha indicado
a este periódico que el origen del dinero de Farías “responde a operaciones de
reaseguros totalmente legales” y que la compañía que preside el empresario
gestionó la póliza de PDVSA solo en 2006. El directivo añade que Farías carece
de relación profesional con los exministros Villalobos y Alvarado y admite que
el 50 % de los clientes de la aseguradora son trabajadores públicos.
Del estudio de las decenas de depósitos confidenciales abiertos por los
investigados en la BPA se desprende que todos sacaron de Andorra la mayor parte
del dinero antes de que los fondos fueran bloqueados por la investigación
judicial, en julio de 2015.
La Policía de Andorra apunta también en sus pesquisas a otros personajes en
apariencia secundarios, pero que movieron grandes sumas en la institución
financiera del país pirenaico. Es el caso de Luis Mariano Rodríguez Cabello,
gestor de negocios de Diego Salazar. Abrió 11 depósitos y manejó diez sociedades
con ingresos de 626 millones de euros.
Los investigadores señalan también a José Luis Zabala, apoderado de Salazar y
Farías, que recibió 27 millones de euros. Y al exabogado corporativo de PDVSA
Luis Carlos de León Pérez, detenido en Madrid el pasado octubre por otro
supuesto caso de corrupción.