Se necesita un pacto para el desarrollo con la nueva minería para hacer efectivo los derechos humano
Al comentar las acciones que realiza su sector, Gutiérrez destacó
que se ha creado una adjuntía de lucha contra la corrupción.
Señaló que la minería será beneficiosa si se compromete con el
medio ambiente, los derechos humanos y la lucha contra la
corrupción.
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que
el crecimiento que ha tenido el país no se ha visto reflejado en los derechos
fundamentales de las personas, es por ello que considera necesario un Pacto
Nacional para el Desarrollo, con el impulso de la nueva minería, para hacer
efectivos estos derechos.
También dijo que mientras no exista el compromiso real
con el medio ambiente, por parte de las empresas, y no se utilice de manera
correcta los recursos generados por la minería, como el impuesto a la renta y el
canon minero, difícilmente se podrá tener como aliada a la
ciudadanía.
“Toda actividad minera comprometida con el medio
ambiente y los derechos humanos y que, además, luche contra la corrupción, será
una actividad beneficiosa para el desarrollo del país, esta es la clave de la
nueva minería”, aseguró el defensor Walter
Gutiérrez.
Señaló también que nada de estos beneficios se verán
materializados si no existe una franca y frontal lucha contra la corrupción.
“Los derechos fundamentales, que para algunos parecen cosas abstractas, tienen
una naturaleza existencial para el ciudadano de a pie, porque tiene que ver con
su salud, con su educación y su alimentación”.
Indicó además, que el hecho de no contar con
información, políticas y planes para enfrentar la corrupción, es un indicador de
que estamos perdiendo la batalla. “La diferencia entre los países desarrollados
y subdesarrollados no está en los recursos naturales ni en el capital, sino en
su capacidad de generar información y de sistematizarla para contar con
políticas públicas que sirvan para enfrentar sus problemas, en este caso para
luchar contra la corrupción”.
El
defensor del Pueblo sostuvo también que hasta el momento no se conoce cuánto le
cuesta la corrupción al país y que, con la creación de la adjuntía de lucha
contra la corrupción, como propuesta de la Defensoría del Pueblo, se podrá
generar conocimiento para ser trasladada al sector público y privado para que
puedan elaborar sus planes y políticas.