La procrastinación reinó en el Ministerio de Energía y Minas
Lo que el ministro Gonzalo Tamayo dejó de
hacer
Contra todos los pronósticos, el socio de la
prestigiosa consultora Macroconsult: el economista Gonzalo Tamayo, no ha tenido
un balance siquiera aceptable como titular del Ministerio de Energía y Minas
(MEM).
De acuerdo a las promesas que el ministro Tamayo
consignó en la presentación en el Congreso del primer ministro Fernando Zavala
(18/08/16), en el sector Energía y Minas existían cinco
prioridades.
La primera
prioridad era la de garantizar la seguridad en la cadena de suministro
de gas licuado del petróleo (GLP) e hidrocarburos.
Un año después, podemos constatar que el MEM no ha
hecho nada al respecto. Tanto así, que el proyecto para construir un poliducto
desde Pisco hasta Lima sigue abandonado en ProInversión, porque no es un secreto
para nadie que la empresa argentina Pluspetrol –operador del Consorcio Camisea-
hasta la fecha, se muestra renuente a garantizar el suministro de GLP para este
proyecto.
En realidad, lo cierto es que Pluspetrol prefiere el
vulnerable esquema actual, que consiste en embarcar el GLP en buques tanques de
Pisco para navegar hasta la rada del Callao. Cabe mencionar que actualmente, el
stock de seguridad de GLP para Lima es de apenas 24 horas (un día) cuando en la
práctica internacional, sobretodo los países que integran la OECD, tienen
reservas de 90 días. Es por eso que a mediados de año, cuando el mar se torna
chúcaro, en el MEM y en Osinergmin se encomiendan a Santa Rosa de Lima para
evitar que un oleaje severo requiera un sistema de racionamiento de GLP en Lima,
como en el 2015.
También se ha eliminado el proyecto de esferas de GLP
en la playa La Tiza y el proyecto de multiboyas para el desembarque de
GLP.
La segunda
prioridad era la de garantizar la ejecución de los grandes proyectos y
para Petroperú, el restablecimiento de la operación del Oleoducto Norperuano y
el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT).
En cuanto a grandes proyectos, el caso Lava Jato
originó que el Gabinete Zavala decidiera dejar caer el proyecto de Gasoducto Sur
Peruano (23/01/17). Por miedo o por conveniencias, no se intentó salvar el
proyecto con alguna modificación (o artificio) para aligerar la claúsula
anticorrupción del contrato para permitir que los bancos que iban a financiar
US$ 4,200 millones sigan en carrera. Incluso el comprador Sempra, se desalentó.
Curiosamente, 20 días después, el gobierno promulgó el Decreto de Urgencia
003-2017 (13/02/17), que evita que Odebrecht se lleve el dinero del país en una
eventual venta. Dicho de otra manera, si el decreto se hubiera emitido antes de
la transacción, se hubiera salvado el proyecto.
El ministro Gonzalo Tamayo, tímidamente, sigue
anunciando que la licitación para el nuevo GSP, se concretará a fines del primer
semestre del 2018. Sin embargo, como se eliminó el ingreso garantizado
(contribución de los consumidores eléctricos) no queda claro de donde sacará el
Estado el total o parte de los US$ 4,200 millones que se requieren. No hay
valorización oficial de lo que se avanzó. No hay ingeniería sobre el nuevo
ducto. No hay trazo. En general, no hay nada.
Sobre las obras de Petroperú, la situación no está
mucho mejor en el balance de Tamayo.
Para el Oleoducto Norperuano, no hay modelo de
negocios ni planteamiento para su futuro relanzamiento. La seguidilla de
derrames no tiene cuando acabar. Incluso Petroperú nos ha homenajeado con un
último derrame el 17 de julio por Fiestas Patrias. La producción del lote 192,
lote 8 y lote 64, se transporta en barcazas hacia el
Atlántico.
En cuanto a la Refinería de Talara, ha habido algunos
avances. Primero, el avance físico es de 60%. Segundo, se acaba de conseguir US$
2,000 millones mediante una emisión internacional de bonos. Tercero, Petroperú
ha logrado que el Ministerio de Economía le destine recursos (S/ 1,056 millones)
para que el capital social de la empresa ascienda a S/ 3,500 millones. No
obstante, en el lado de los pasivos, esta refinería se va convirtiendo en un
gran escándalo político, porque el costo, que en el inicio del proceso (2008)
era de US$ 1,300 millones (Arthur D’Little) ahora, la última cifra oficial de
Petroperú es de US$ 5,400 millones, mientras que los expertos señalan que ya
llegó, hace buen rato a los US$ 6,000 millones.
La tercera
prioridad era generar un marco normativo que brinde señales económicas
ciertas para las inversiones en el sector eléctrico.
Durante un año, el ministro Tamayo declaró que el
proyecto del GSP iba a aumentar el precio de las tarifas eléctricas, sin
embargo, el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional
(COES), que agrupa a todos los actores del sector, señala que la eliminación del
GSP provocará que las tarifas eléctricas se eleven a partir del 2019.
¿Por qué?. Porque se descontaba que en el 2019, el GSP
iba a entrar en funcionamiento para que suministre gas natural, tanto a las
centrales de generación térmica del Nodo Energético del Sur (Mollendo e Ilo),
cuya potencia bordea los 1,440 Megavatios (MW), como la Reserva Fría de Ilo de
560 MW.
Una verdad que no admite dudas en el sector eléctrico,
es que existe una sobreoferta de generación porque la economía se ha venido
desacelerando en los últimos cinco años. Gracias a Dios, que no se ha licitado
la central térmica de Quillabamba 200 MW que hubiese agravado el problema. Y que
en el Congreso, ha quedado congelada la iniciativa para aumentar el porcentaje
de centrales de energía renovable (RER) que aparejan
subsidios.
El ministro Tamayo en la CADE del 2016, organizó un
conclave para resolver las distorsiones del precio que afectan el mercado
eléctrico. Esta comisión, que viene avanzando a paso de tortuga la integra el
Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (Osinergmin), el COES y el Fondo Nacional de Financiamiento de
la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), pero, las empresas privadas
afectadas por las distorsiones solo participan como convidados de piedra, lo que
ha ocasionado duras criticas por parte del presidente del Comité Eléctrico de la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Temboury
(Enel).
La cuarta
prioridad según el Gabinete de Lujo, era la de ampliar el acceso a la
energía de zonas rurales y mejorar la calidad de los servicios a nivel nacional.
Empero, el ritmo del último año en obras de
electrificación rural es el menor al registrado en los últimos cinco años.
Tampoco se ha diseñado alguna iniciativa para dar incentivos a la inversión
privada para cerrar esta brecha.
El ministro Tamayo, antes de cerrar el año, ha
señalado que ahora se financia las conexiones de viviendas a la red de gas
natural de Cálidda mediante el novísimo Bono Gas, que se viene aplicando en 18
distritos de Lima, lo que ha permitido la instalación de 70 mil nuevas
conexiones desde el año pasado. Y ha ofrecido 500 mil nuevas viviendas
conectadas para el 2021 (El Peruano 26/07/17). En el Bono Gas, el financiamiento
para las familias de bajos ingresos es de 100%, familias de ingresos medios 50%
y familias de ingresos altos 25%.
Pero la verdad monda y lironda, es que en realidad, el
programa Bono Gas fue creado en las postrimerías del gobierno anterior. El
ministro Tamayo no estuvo en el nacimiento, mas bien,estuvo en el bautizo, porque le puso el
nombre.
En cuanto a “calidad de servicio” en el sector
electricidad, no hay mayor estudio ni alguna propuesta de norma. Seguimos con
niveles precarios. Hace menos de un mes, todo el sur del Perú se quedó sin luz
(06/07/17) y en Lima, de tanto en tanto, las distribuidoras nos sorprenden con
sus apagones.
La quinta
prioridadera mejorar la eficiencia energética a través de
cambios en los dispositivos de iluminación y combustión.
En realidad, tampoco hay mayor avance. Es un buen
deseo.
No se ha realizado mayor promoción de nuevas
tecnologías como los autos eléctricos y en iluminación, no se conoce ninguna
iniciativa para utilizar gas. Solo hay iluminación LED en los arbolitos de
Navidad.
¿Y EN
MINERÍA COMO ANDAMOS?
El Twitter de la empresaria minera Madeleine Osterling
lo revela todo. “El gran problema de tener un ministro consultor, es que siempre
habla todo en condicional”.
Si bien el sector se ha visto favorecido por el
repunte del precio internacional de los minerales, sobretodo el del cobre, el
sector está paralizado. En el último cónclave entre Pedro Pablo Kuzcynski y
Keiko Fuijimori, aprobaron impulsar,siquiera un proyecto minero por
año.
El proyecto cuprífero Michiquillay en Cajamarca ya
tiene 60 años estancado. Minera Milpo no llegó a ningún acuerdo con el MEM y
retiró su iniciativa privada sobre Michiquillay (23/03/17). Se ha anunciado un
nuevo cronograma para la licitación de Michiquillay (19/05/17), pero en
ProInversión siguen pasmados.
El Complejo Metalúrgico de La Oroya está como pan que
no se vende. A estas alturas del partido nadie entiende porque el exministro
Jorge Merino (12/04/12) se negó darle una última oportunidad de dos años al
anterior propietario, Ira Rennert de la empresa Renco, para que termine de
construir la última torre (circuito de cobre) sin rebajar los Estándares de
Calidad del Aire (ECA) de dióxido de azufre. Merino lo botó entre el aplauso de
la Sociedad Nacional de Minería. Cinco años después, se ha tenido que rebajar
los benditos ECAs –beneficiando a Rennert en su juicio contra el Perú ante el
CIADI por discriminación- y no aparece un comprador. El último 26 de julio, por
sexta vez, se volvió a declarar desierta la
licitación.
El proyecto cuprífero Tía María sigue en la sala de
espera para la aprobación de su licencia de construcción. Pese a la pública
amistad y relación comercial entre PPK y Oscar Gonzales Rocha, gerente general
de Southern Perú, no hay mayor avance. PPK visitó el valle de Islay por varios
días, pero no consiguió más que disfrutar de los potajes a base de camarones.
Por otro lado, Southern está ejecutando su proyecto de
ampliación de su mina de cobre Toquepala (Tacna) por US$ 1,200 millones.
Mientras que su proyecto cuprífero Los Chancas (Apurímac) por US$ 2,800 millones
sigue en espera.
Quellaveco, cuya licencia social fue lograda el
vicepresidente Martín Vizcarra (cuando fue gobernador regional de Moquegua) a
cambio de un fondo de S/ 1,000 millones: S/ 350 millones para la etapa de
construcción y el resto durante la explotación, con los cuales se construirán
varias represas. El problema fue que el principal accionista del proyecto, Anglo
American (el otro accionista, Mitsubishi, tiene el 18.1%), entró en crisis y
hasta ahora no puede financiar el proyecto, que demanda una inversión de US$
5,000 millones. El repunte del cobre puede lograr este
milagro.
Mina Justa, proyecto cuprífero en Ica de la empresa
Minsur (Grupo Brescia), aún tiene pendiente la aprobación de su EIA. Recién el
estudio de factibilidad se culminará en septiembre, después de lo cual se tomará
una decisión sobre el inicio de su construcción, que demoraría dos años y
demandaría una inversión de US$ 1,300 millones.
El proyecto Conga en Cajamarca de Minera Yanacocha y
que demanda una inversión de US$ 4,800 millones, sigue estancado y no hay visos
de que pronto se salga de la congeladora. Su vecino, el proyecto Galeno de la
china Lumina Cooper, con inversión estimada de US$ 3,500 millones, también
continúa estancado, a la espera de Conga.
Está pendiente la segunda parte de la mina de cobre
Toromocho (Junín) de la empresa Chinalco. Cuando el presidente chino Xi Jinping
visitó Perú el año pasado (20-22/11/16), Chinalco firmó un convenio preliminar
con el MEM, para invertir US$ 1,300 millones en la ampliación de Toromocho, pero
hasta ahora esto no se concreta.
El proyecto de hierro Pampa del Pongo (Arequipa) de la
empresa china Zhongrong Xinda Group demanda una inversión de US$ 1,300 millones
y el próximo año entregarán al MEM la ingeniería del proyecto para su
aprobación.
Shougang Hierro Perú viene ejecutando la fase II de su
proyecto de ampliación de su mina de hierro Marcona por US$ 1,300 millones.
Además, junto con Zhongrong Xinda Group tienen como proyecto construir un puerto
de embarque de hierro en San Juan de Marcona.
Tal como se ve, el paciente sigue en cuidados
intermedios. Se anuncia un cambio en el ministerio. Esperemos que el nuevo
galeno pueda recetar la prescripción correcta.