Contraloría califica de “tendenciosas” nuevas denuncias sobre presiones a exauditores
El órgano de control asegura, una vez más, una supuesta “campaña de
desprestigio” tras otras denuncias de irregularidades de funcionarios cercanos
a Edgar Alarcón. La Contraloría General de la República rechaza que
funcionarios cercanos a Edgar Alarcón hayan presionado a exauditores Julio
Sifuentes y Rafael Cussiánovich, quienes denunciaron que altos funcionarios del
organismo intentaron guiar sus informes para favorecer a entidades auditadas.
Ambos denunciaron que recibieron presiones del actual
vicecontralor, Oswaldo Yupanqui Alvarado, y del actual gerente central de
calidad, Paco Toledo, para cambiar un dictamen sobre Agrobanco que había sido
entregado en 2006 por el auditor externo, Edgar Garay, quien había encontrado
un desbalance por 21 millones de soles en la institución.
Al
respecto, a través de un comunicado, la Contraloría indicó que, efectivamente,
aquel año Garay efectuó dicha auditoría financiera, emitiendo un dictamen con
salvedad sobre un registro en los estados financieros de Agrobanco.
“Este criterio de Edgar Garay no se condice con el pronunciamiento
emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), por lo que se
solicitó considerar la mencionada opinión, en virtud a lo dispuesto en la Ley
N° 27785. Garay también auditó la rendición de Agrobanco por el importe
mencionado, emitiendo un ‘dictamen limpio’, es decir, no reportó ninguna
irregularidad sobre el uso y destino de dicho fondo”, aclara el organismo.
En el reportaje de América TV, por su parte, Cussiánovich
denunció que solo duró 4 meses como auditor del Gobierno Regional del Callao.
Esto luego de intentar investigar las obras realizadas por Félix Moreno. Tras
pedir apoyo en la Contraloría, las máximas autoridades de la institución
firmaron su cambio.
Al respecto, el organismo contralor asegura
que el reglamento prevé la facultad de disponer el traslado de un auditor por
un tiempo menor a los 3 años.
Según Cussiánovich, luego pasó a la
jefatura de Control Interno del Ministerio de Defensa, pero también fue
retirado por detectar irregularidades en la reparación de motores. Para el
exfuncionario, esto fue un hostigamiento laboral y decidió
renunciar.
Además de estos casos, la secretaría general de la
Contraloría, Elsa Marchinares Maekawa, mano derecha de Alarcón, es investigada
en la Fiscalía por el alquiler presuntamente sobrevalorado de la sede de la
entidad en Trujillo, algo que también es rechazado por el
organismo.
“La Contraloría rechaza las expresiones tendenciosas y
malintencionadas de un representante de la SOA Edgar Garay & Asociados y
de excolaboradores de la Contraloría despedidos por la comisión de faltas
graves, pues no se ajustan a la verdad. Estas buscan afectar la imagen de
la Institución y la honorabilidad de sus funcionarios”, aseguró este martes a
través de un comunicado.
Finalmente, la Contraloría volvió a
denunciar una supuesta “campaña de desprestigio” que “pretende poner en duda la
labor independiente, técnica y objetiva” del organismo.