Francisco Eguiguren: abogado del Estado y presidente CIDH que supervisa al Estado
El último viernes 9 en la revista Hildebrandt en sus
trece, el abogado Francisco Eguiguren, quien actuando como defensor del Estado
en el juicio entre Sunat y el Scotiabank por S/ 481 millones, alertaba sobre los
peligros hacia al país si el Tribunal Constitucional (TC) resolvía en
determinado sentido. El Dr. Eguiguren se desempeñó como asesor del expresidente
Humala, fue ministro de Justicia y embajador político.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
es el órgano supranacional que supervisa al estado y sus tribunales, entre ellos
el TC y el Poder Judicial, a efectos de verificar si sus acciones reúnen los
estándares exigidos en garantías judiciales y debido proceso y, de no hacerlo se
pide que se retiren o anulen o dejen sin efecto dichos pronunciamientos. El 16
de junio de 2015, tras la postulación y promoción realizada por el Estado
peruano, se eligió a Francisco Eguiguren como Comisionado de la CIDH y en la
actualidad es el Presidente de dicho órgano supranacional de supervisión de
derechos humanos.
¿Puede ser miembro de la CIDH quien tiene la condición
de abogado del Estado? Dicha calidad la reconoció el mismo Eguiguren
(Hildebrandt 09/06/17),
El 29 de diciembre de 2015, se expide la Resolución de
Superintendencia N° 365-2015 por la cual se exonera de concurso y se contrata al
“abogado especializado en derecho constitucional tributario” Francisco
Eguiguren, para que coadyuve en la defensa jurídica del Estado, es decir, a la
Sunat en cuatro rubros, tres de ellos grandes: Telefónica, Savia y Scotiaban, y
otro de un sinnúmero de casos que no se precisan en la resolución. El honorario
base pactado es de S/ 745,200 y el honorario de éxito asciende a un total de S/
9’008,245.91.
El problema de las labores de Eguiguren en la Sunat se
presentaría en un caso si los ciudadanos dueños de empresas peruanas o no, en
caso de estimar que el TC emite fallos que vulneran sus diversos derechos
fundamentales, deciden pedir la intervención del sistema supranacional -la
CIDH-, para que supervise el accionar del Estado peruano a través del TC, y se
encontrarán en dicha instancia con el asesor de la Sunat y abogado del Estado
peruano. Estamos en una situación de restricción de derechos a los ciudadanos
que residen en el Perú, pues el Estado está jugando con cartas
marcadas.