Estado peruano será el gran perdedor en Caso Doe Run, por César Gutierrez
EL PAGO POR DEMANDA DE EMPRESA SERÁ SUPERIOR EN 700 MILLONES
DE DÓLARES DE LO QUE SE RECAUDE POR VENTA DE ACTIVOS
Una carrera contra el tiempo es la que vive la liquidadora de
Doe Run Perú SRL (DRP); la empresa Dirige, para vender los activos del Complejo
Metalúrgico de la Oroya (CMLO) y la participación accionaria en la Unidad Minera
Cobriza (UMC). Las últimas noticias que se tienen es que en julio próximo se
efectuará una nueva subasta, después de los tres fracasados intentos realizados
este año. Para este fin, los ejecutivos de los liquidadores han anunciado
gestiones en Nueva York para encontrar inversionistas que se puedan interesar;
acicateados por la decisión pública del gobierno de flexibilizar los estándares
de calidad ambiental (ECA).
La premura se da porque en el próximo mes de agosto se vence el
plazo para la venta como empresa en marcha, que se normó mediante la Ley 30502,
que estableció una prórroga extraordinaria para la liquidación de empresas que
se encuentren en procesos concursales. La ley en mención la promovió el Poder
Ejecutivo, con el discurso público que no se harían cambios en los ECA, cosa que
se sabía desde un inicio que era un imposible; hoy la mendacidad planificada
sale a la luz.
Lo importante es saber ¿cuál será el beneficio o afectación al
Estado peruano del desenlace de esta historia? Han pasado nueve tortuosos años
para acreedores y la población de la ciudad de La Oroya, cuyos cerca de 15 mil
habitantes dependen exclusivamente de la operación del CMLO.
El tema es complejo porque hay tres frentes de conflicto en
simultáneo: el proceso concursal que se lleva en Indecopi, una potencial demanda
del accionista principal de la empresa, The Renco Group Inc (RG) contra la
República del Perú y la demanda de 1,300 pobladores de La Oroya contra RG
y relacionadas, donde el Estado Peruano puede terminar involucrado.
LA SUBASTA DE DRP SRL. Desde mediados del
año 2012, se ha pretendido liquidar en marcha la empresa DRP, que ingresó a
proceso concursal en INDECOPI en agosto del año 2010. Tres empresas liquidadoras
han intervenido: Right Business, Profit y Dirige, con un denominador común:
fracaso en la venta y una causa de ello: ECA que no se pueden cumplir; mediante
Decreto Supremo (DS-006-2013-MINAM) y Resolución Ministerial (RM-205-2013-MINAM)
se encuentra establecido que las emisiones de Dióxido de Azufre (SO2) no deben
exceder los 80 microgramos por metro cúbico (ug/m3), diariamente.
El gobierno con bastante retraso, luego de tres frustradas
subastas, a principios del pasado mes de abril, publicó la RM-94-2017-MINAM,
plateando que las emisiones de SO2, podían llegar a ser 250 ug/m3 diarios, es
decir un poco más del triple de la exigencia vigente. Esto cambia
significativamente las expectativas de venta de DRP.
La liquidadora Dirige, luego de valorizaciones encargadas a
terceros, ha establecido que el precio base de la subasta será de 271
millones de dólares (MMUS$). Según las reglas de este proceso, se puede
realizar hasta tres subastas con descuentos en el precio base de 15% cada vez,
con lo que se puede llegar a un tercer intento de venta con un valor base de
72.25% del monto inicial, que en este caso significaría 196 MMUS$.
¿RECAUDACIÓN DE VENTA ALCANZARÁ PARA REMEDIAR
SUELOS? La cifra recaudada servirá para honrar las acreencias de:
salarios y beneficios sociales de los trabajadores, proveedores de concentrados,
multas por incumplimientos, Sunat y Ministerio de Energía y Minas (MEM) que en
un acto muy discutible logró capitalizar la inversión pendiente por parte de DRP
para cumplir con el Programa de Adecuación de Medio Ambiente (PAMA) ascendente a
163 MMUS$, que representa aproximadamente el 30% del total de las
acreencias.
De venderse la empresa a la cifra base original, el MEM podrá
disponer de tan solo 81 MMUS$ para efectuar los trabajos de remediación
necesarios. Hay que tener en cuenta que la empresa estatal Activos Mineros SA
(titular de las responsabilidades del estado en el tema), recibió informes de
tres consultoras internacionales especializadas, que señalaron que en La Oroya
existen 2,300 km2 contaminados (equivale al 86% de la extensión de Lima
Metropolitana), y que la recuperación podrá realizarse en un período de 10 años.
Habría que preguntarse si a precios actuales es posible acometer la tarea con la
magra cifra que se puede recaudar.
LA POTENCIAL DEMANDA AL ESTADO PERUANO EN EL
CIADI El caso DRP se ha convertido desde el año 2008 en un tema muy
discutible con reclamos de diversos frentes, el que mayor atención requiere
desde el punto de vista gubernamental es la potencial demanda que puede hacer RG
al Estado peruano.
No hay que confundirse con las publicaciones periodísticas
completamente sesgadas que se hicieron a mediados de julio del año pasado por el
saliente gobierno de Ollanta Humala, que dejaban entrever que se había ganado a
RG la demanda que había interpuesto en el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en la sede París. La realidad es
que el tribunal arbitral constituido, le dio la razón a nuestro país en cuanto a
una excepción de jurisdicción planteada por los abogados y que significaba que
no procedía el proceso, pues RG no había renunciado a su derecho de presentar
demandas administrativas o judiciales en otras plazas, que es un requisito en
este proceso. De allí la denominación de la resolución emitida por el tribunal,
Laudo Parcial.
RG luego de la relajación de los ECA se ve fortalecido para
presentar una nueva demanda ante el CIADI, con la pretensión que sea resarcida
por lo menos con 800 MMUS$, tal como lo planteó en el 2011. Sus probabilidades
de ganar en este nuevo contexto son altísimas.
DEMANDA EN SAN LUIS DE MISSOURI A RENCO GROUP PUEDE
REVERTIRSE AL ESTADO PERUANO. Como se ha mencionado inicialmente, RG
y sus empresas relacionadas, han sido demandadas en la Corte de San Luis de
Missouri, a través de estudios de abogados americanos, por el perjuicio causado
a 1,300 habitantes de la ciudad de La Oroya. La demanda data del año 2008 y la
probabilidad que los demandantes sean favorecidas son muy altas pues hay
jurisprudencia.
El antecedente es un fallo favorable a este tipo de demandas se
tiene en una sentencia también en la Corte de San Luis de Missouri, en julio del
2011. El demandado fue una empresa de la cual Doe Run Investment Holding Group,
participaba en la operación de una fundición en el mismo estado. Los demandantes
fueron 16 personas, que fueron beneficiados con un resarcimiento económico por
358.5 MMUS$, equivalente a 22.4 MMUS$ por afectado. Hoy se especula que las
1,300 denuncias podrían ameritar una sanción del orden de 29 mil MMUS$. RG
está haciendo el máximo esfuerzo de parapetarse atribuyendo responsabilidad al
estado peruano.
POSIBLE CULMINACIÓN ONEROSA PARA EL
ESTADO Resumiendo, si se vendiese DRP al mejor precio, al MEM le
corresponderá 81 MMUS$ que difícilmente cubrirá la remediación de los suelos de
La Oroya, a la vez tenemos una alta probabilidad de perder en el CIADI una
potencial demanda de RG por 800 MMUS$ y un riesgo de vernos involucrados por una
sentencia desfavorable a RG en San Luis de Missouri, donde puede haber una
sanción del orden de 29 mil MMUS$.
El escenario está planteado y le corresponderá al gobierno
demostrarnos el beneficio-costo de las decisiones que está tomando, hay muchos
millones de dólares en juego y muy poca información que muestre el panorama y el
derrotero.