¿Y los ciudadanos? - Por Juan Carlos Valdivia - EL MONTONERO
Columna
¿Y los ciudadanos?
9 de Mayo del 2017
Retrocediendo en la evolución histórica de
los derechos
Cuando
aparecen las primeras constituciones, lo hacen para proteger a los ciudadanos de
los abusos del poder. Desde entonces, los ciudadanos han ido conquistando más
derechos y haciéndolos parte del pacto social. Por eso, llama la atención que en
el Congreso peruano se modifique la Constitución no para otorgar más derechos a
los ciudadanos, sino para restringirlos.
De
acuerdo a nuestra Constitución, solo un juez puede ordenar la privación de la
libertad de un ciudadano. La misma Constitución establece una excepción que es
obvia: la Policía Nacional puede poner en prisión a un ciudadano cuando es
detenido en flagrancia; es decir, cometiendo un delito. Como es en flagrancia,
el delito es de fácil comprobación y por ello debe ser trasladado al juez dentro
de las siguientes 24 horas. Cuando se trata de delitos gravísimos, como
terrorismo o narcotráfico, este plazo puede ampliarse hasta por quince
días.
La
semana pasada se debatió y votó (en segunda votación) la reforma constitucional
que amplía el plazo de prisión de 24 a 48 horas. En pleno siglo XXI, el de la
comunicación inmediata, la información a la mano, Internet y los celulares, a la
Policía Nacional se le hace más difícil la denuncia de un delito flagrante que
cuando usaban máquina de escribir y papel carbón. Entonces en el Congreso no se
discutió sobre otorgarle mayor presupuesto a la policía o dotarla de recursos
tecnológicos; ni, se habló de recortar los derechos ciudadanos. No hubo un solo
congresista que defendiera a los ciudadanos. Desde la izquierda se argumentó que
“se criminaliza al movimiento social” sin darse cuenta de que estaban avalando
el recorte de derechos ciudadanos.
Este
es un Congreso que pone por delante al Estado y su burocracia antes que al
ciudadano. Ampliar el tiempo de detención en el caso de flagrancia no resuelve
el fondo del problema, que es la falta de recursos y de personal en la Policía
Nacional. Es una solución superficial. Para la policía lo fácil sería que
pudieran tener el mayor tiempo detenido a un ciudadano mientras investigan. ¿Y
la libertad? ¿Y la presunción de la inocencia?
No
deja de llamar la atención que ningún congresista pusiera por delante los
derechos ciudadanos, antes que las supuestas necesidades de la policía. Del
fujimorismo y su cercanía autoritarias no había mucho que esperar, y el
pepekausismo tenía que respaldar la propuesta del Gobierno. En la primera
votación este cambio constitucional fue aprobado por unanimidad; y en esta
segunda votación, la izquierda se opuso con las razones ya
señaladas.
La
seguridad ciudadana es uno de los principales problemas que afectan la vida en
común. Requiere, sin duda, una mirada integral a todo el cuerpo legal; pero
sobre todo una mayor presencia policial en las calles, las que abandonaron hace
unas décadas por el terrorismo y a donde deben volver. Cuando los políticos
ponen por delante los supuestos intereses del Estado antes que los derechos
ciudadanos, estamos retrocediendo en la historia.