Denunciemos a responsables de oscurantismo contrato refinería Talara, por César Gutiérrez
La negativa a proporcionar información de los contratos del
Proyecto de Modernización de Refinería Talara, es una actitud de larga data en
los funcionarios de la Petroperú, lo venimos experimentando desde el año 2011 y
particularmente he dedicado muchos artículos exigiendo que la información sea
pública.
Hoy, que la situación ya se ha convertido en un escándalo
público cuando el actual Presidente de la petrolera, Luis García Rosell, anunció
que estamos hablando de un costo total de 5,400 millones de dólares (MMUS$), y
que piensan tomar una deuda de 3,000 MMUS$ en bonos y compromisos de 1,400
MMUS$, avalados por la agencia de seguros de crédito de exportación española,
Cesce; el pretendido oscurantismo de la información es inaceptable y aquí hay
complicidad en un hecho que debería ser punible penalmente para los funcionarios
que avalan y avalaron esta posición con la contratista española Técnicas
Reunidas.
Aducen los apologistas del ocultamiento de información que hay
secreto industrial; digan señores ¿qué cosa puede ser secreto? ¿L os alcances
del trabajo a desarrollar? ¿Los plazos? ¿El monto y la forma de pago? ¿Posibles
reajustes? Ninguna de estas cosas puede ser secreta. Tengan en cuenta que hasta
el contrato más discutible de los procesos manejados por Proinversión, son
públicos. ¿Qué se han creído señores contratistas, funcionarios y directivos de
Petroperú que una empresa estatal puede tener un régimen de excepción?
Aquí compete que vía autoridad judicial se exija que se haga
público: el contrato original que data del año 2010; el contrato del 2014 donde
ya el monto se había incrementado en una cantidad sideral; el estudio
económico-financiero que justifique la tasa interna de retorno; el costo
detallado del endeudamiento incurrido; el costo financiero de la demora de la
presente administración en tomar decisiones del endeudamiento; la opinión de la
empresa supervisora del proyecto sobre el monto; la fundamentación por la que se
contrató a la empresa Technip para que opine sobre el monto, a pesar que
públicamente se conocía que había tenido relaciones de cercanía con
Técnicas Reunidas.
No pueden burlarse del estado peruano y como ciudadanos no
podemos permitirlo. Basta ya.