Precipitado intento de venta de activos de Doe Run Perú perjudicará a estado peruano
Por César Gutiérrez Magra
recaudación esperada será insuficiente para paliar problemática de La
Oroya.
Los últimos días la cobertura mediática y el agitado trajín de
polémica en las redes sociales se ha centrado en el caso Odebrecht y va
derivando al contexto más amplio del caso Lava Jato, haciendo que pase
desapercibido la suerte del caso Doe Run Perú SRL (DRP), a la fecha aún titular
del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y de la Unidad Minera de Cobriza
(UMC).
LIQUIDACIÓN EN MARCHA La empresa DRP se
encuentra en un proceso de liquidación en marcha y lo que se decida de ella
depende la suerte de los cerca de 15 mil habitantes de la ciudad de La Oroya. En
su mejor momento el CMLO llegó a emplear directamente a 3,000 personas y el
efecto multiplicador generó cerca de 16,000 puestos de empleos indirectos.
Desde mediados de diciembre pasado hasta la fecha han comenzado
aparecer escuetas noticias del proceso concursal que se lleva en el ámbito de la
Comisión de Procesos Concursales de Lima Sur del Indecopi; dando cuenta que se
habían aprobado bases y contratos para la venta tanto del CMLO y de la UMC; que
quedaba pendiente de aprobación por la Junta de Acreedores (JA) el precio base
planteado, la magra cifra de 211 millones de dólares (MMUS$) y la semana pasada
que el segundo mayor acreedor, Doe Run Cayman Limited (DRC) había presentado
impugnación al acuerdo de aprobación de bases y contrato.
Por la forma de presentar la noticia queda la huella indeleble
que la información proviene del principal acreedor, representado por el
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que ha consolidado la discutible
acreencia de las inversiones pendientes de DRP, Osinergmin y Sunat. El mensaje
que queda flotando en el ambiente es que el estado hace el esfuerzo por vender
DRP para cumplir con los acreedores y que hay una actitud obstruccionista de
DRC.
LAS ACREENCIAS POR COBRAR La exactitud de
los montos en juego a la fecha sería necesario que fuesen de conocimiento
público dado que hay intereses del sector estatal: MINEM, Osinergmin y Sunat.
Sin embargo es posible dar un orden de magnitud de las acreencias y que
corresponden a información que se dispuso a la fecha de acogimiento de DRP al
proceso concursal, que en la terminología de este tipo de procesos se conoce
como fecha de corte y que en este caso corresponde al 16 de agosto del 2010. Así
tenemos que el MINEM por concepto de inversiones pendientes de DRP para
completar el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), consignó la
cifra de 163.1 MMUS$; deudas a Sunat y sanciones a favor de Osinergmin, se
registraron 69.7 MMUS$; el socio DRC declaró acreencias por 155.7 MMUS$ y entre
trabajadores, proveedores de concentrados y de servicios la suma de 130.9 MMUS$.
Totalizando se llega a la cifra de 519.4 MMUS$, no es poca cosa, más aún cuando
el estado a través del MINEM, Osinergmin y Sunat acumulan el 44.8% del
total.
Lo ideal sería recaudar la máxima cantidad para honrar las
acreencias, es decir los 519.4 MMUS$ de agosto del 2010, cifra que se ha debido
incrementar en los 6 años y 9 meses transcurridos por los intereses que se
puedan haber generado. Sin embargo la cifra que se plantea como precio para la
venta es de 211 MMUS$, que representa el 41% del monto original. Es oportuno
señalar que en el procedimiento establecido se plantean tres convocatorias a
remate, con un descuento de 15% del precio base en cada oportunidad, lo que
significa que de llegarse a la tercera convocatoria, lo cual es altamente
probable, el precio base sería descontado en 27.8%, pudiendo liquidarse la
empresa en 152.3 MMUS$. Se incluirá en este precio el CMLO, la UMC y las 38
concesiones mineras no metálicas y una concesión de beneficio.
EL COMPLEJO METALÚRGICO DE LA OROYA LA MANZANA DE
LA DISCORDIA El CMLO es a la vez un gran problema y una gran
oportunidad, inició operaciones hace 95 años y está a cargo de DRP desde hace 20
años. La planta puede producir 10 metales refinados de alta pureza y 7
subproductos. Desde ese punto de vista permite dar un alto valor agregado a las
exportaciones mineras peruanas y por tanto una mayor recaudación al estado
peruano. El gran problema es que con los Estándares de Calidad (ECA) y los
Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones vigentes no le es posible
operar.
En estas condiciones cualquier interesado en adquirir tendría
que hacer inversiones previas para adecuar la infraestructura para el
cumplimiento de las normas ambientales, las obras hasta la puesta en servicio
demorarán aproximadamente tres años y de allí recién redituar la inversión. En
la evaluación beneficio-costo, todo indica que las cifras no son promisorias y
de allí viene el fracaso de los intentos de venta que se han realizado en los
últimos cuatro años.
El incentivo para la adquisición lo constituye la relajación de
las exigencias ambientales, que a pesar que ha sido negado múltiples veces por
el actual gobierno, queda claro que pueda cambiar de opinión con la simple
emisión de un Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Si algún
interesado tiene información privilegiada que va haber modificación luego de la
venta, habrá comprado a precio vil para luego obtener un gran rédito
económico.
NO HAY NOTICIA ALGUNA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE
REMEDIACIÓN AMBIENTAL. Es increíble que en esta discusión que se
lleva en los cuatro años que tiene el proceso de liquidación en marcha, no se
establezca quién se hará cargo de la remediación ambiental que se debe hacer en
La Oroya. La información que trasciende a la prensa sobre la venta no se ha
dedicado una línea sobre el tema. Es obvio que no se podrá exigir al potencial
adquiriente y que el estado tendrá que asumir la responsabilidad, lo cual no
podrá realizarse con lo que recaude el MINEM que en caso óptimo ascenderá a 66.3
MMUS$ (31.4% de 211 MMUS$)
Por todo lo reseñado el acreedor principal, el MINEM, debe una
explicación urgente al país.