Un viceministro boliviano linchado durante protestas de trabajadores mineros
El Gobierno de Bolivia confirmó que el viceministro de
Régimen Interior, Rodolfo Illanes, fue "cobarde y brutalmente
asesinado"
Rodolfo Illanes, viceministro de Régimen Interior del gobierno
boliviano, fue linchado este jueves por una turba de mineros por cuenta propia
o, como se llaman en Bolivia, “cooperativistas”, los cuales bloquean la
principal carretera del país en la localidad de Panduro, a 185 kilómetros de La
Paz.
Illanes estaba secuestrado desde la mañana y fue asesinado
luego de un grave enfrentamiento entre los bloqueadores y la policía, en el que
murió Rubén Aparaya, de 26 años, miembro de la Cooperativa Viloco, aparentemente
por un disparo. Al mismo tiempo, otro “cooperativista” murió en Cochabamba,
también en un enfrentamiento con la Policía, la cual tiene orden de mantener
desbloqueada la carretera, la mayor arteria del país para la circulación de
mercancías y viajeros.
Visiblemente conmovido, el ministro de Gobierno, Carlos Romero,
confirmó en la noche del jueves la muerte de su colaborador inmediato, quien
había ido al lugar del bloqueo para intentar hablar con los mineros que se
encuentran movilizados desde los primeros días de este mes y que, luego de un
paréntesis provocado por unos hechos de violencia previos, volvieron a la carga
el pasado jueves.
Illanes fue “tomado como rehén”, lo que no es inaudito dentro
de las luchas sindicales bolivianas, si bien se trata de la primera vez desde
los años 40 que un acto así deriva en la muerte de la autoridad secuestrada.
Durante el día, el abogado de 58 años llamó varias veces a sus
colegas para pedir que la comisión de autoridades que exigían los mineros
viniera a liberarlo. Después dejó de comunicarse, mientras la Policía reprimía
el bloqueo. Al cabo del enfrentamiento, un periodista señaló que había visto su
cuerpo debajo de la colina donde había estado previamente, retenido junto a una
torre de luz. Al parecer lo mataron a golpes. Su ayudante, el capitán Freddy
Bobarín, logró escabullirse y llegar, muy golpeado, a donde estaba la Policía.
Él informó que la situación había sido tensa, pero no violenta, hasta que los
mineros se enteraron de la muerte de su compañero Aparaya y, furiosos, formaron
una turba en torno a los dos funcionarios retenidos. Entonces alguno lanzó una
piedra y se desató el linchamiento.
El gobierno pensaba sentarse a negociar en La Paz con los
dirigentes nacionales de los cooperativistas, pero el secuestro de Illanes
provocó que el encuentro entre ambas partes se postergara.
Este sector, uno de los más organizados y agresivos que
componen la Central Obrera Boliviana, exige la abrogación de una ley
recientemente aprobada, la cual pone límites al funcionamiento de las
“cooperativas”, pues en varios casos estas sirven como una etiqueta detrás de la
cual se esconden intereses comerciales y abusos a los derechos laborales y
contra el medio ambiente. Los administradores de cooperativas rechazan la ley
pues, dicen, la misma inviabilizaría sus actividades.
Los conflictos sociales graves, que son una característica
histórica de Bolivia, habían sido superados durante la presidencia de Evo
Morales, hasta que comenzó el deterioro de la economía por la caída de los
precios de las materias primas. Uno de los ramos más golpeado durante este año y
el pasado fue el minero, en el que las grandes inversiones son escasas, pero en
cambio se halla la denominada “minería de supervivencia”, la cual emplea a unas
100 mil personas. En este caso, las concesiones de yacimientos son propiedad
colectiva.
Desde hace tiempo que se sabe que esta práctica sirve en efecto
para la supervivencia de muchos, pero también genera el enriquecimiento de unos
grupos que explotan a trabajadores y les pagan salarios ínfimos. Una de los
derechos que establece la nueva ley de cooperativas es el derecho a la
sindicalización de estos últimos, aunque el gobierno dijo que este no se
aplicaría en el ramo minero.
Sin embargo, la diferenciación clasista no se expresa en la
lucha política “cooperativista”, que suele ser monolítica, como lo ha sido hasta
ahora en este conflicto.
El gobierno asegura que ya conoce quiénes participaron en el
“brutal asesinato” y que estos serán perseguidos judicialmente sin dilación.